Cuáles fueron los bienes que le inhibieron a Alberto Fernández por la causa de los seguros

El ex Presidente fue alcanzado por una nueva medida judicial que implica la "retención legal" de varios objetos que serían bienes de Fernández.

La decisión del juez Julián Ercolini en el caso de los seguros involucra al expresidente Alberto Fernández y a su histórica secretaria privada, María Cantero, esposa de Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers implicados en el asunto y amigo del exmandatario. 

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La medida afecta a tres exfuncionarios de la gestión pasada y actual, así como a una veintena de compañías de seguros y productores, impidiéndoles vender sus activos o acceder a sus cajas de seguridad.

Según lo solicitado por el fiscal Carlos Rívolo, Ercolini pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que enviara al juzgado las declaraciones juradas de Fernández, su exsecretaria y los exfuncionarios implicados. Además, ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y de la UIF para todos, permitiendo una investigación patrimonial a cargo de la Fiscalía, con la colaboración de la PROCELAC.

La declaración jurada de baja de Fernández al dejar la Presidencia reveló un aumento en su patrimonio, pasando de $7 millones a $14 millones, principalmente debido al incremento en sus cuentas bancarias. Sin embargo, el juez no congeló estas cuentas, por lo que esos fondos no están afectados por la medida judicial.

Entre los bienes que podrían ser alcanzados por la medida se encuentra la mitad del estudio jurídico sobre la Avenida Callao, propiedad de una sociedad compartida con Marcela Losardo, valuada en $84.149. También declaró un automóvil Toyota Corolla modelo 2020 valorado en $4.576.000.

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En cuanto a María Cantero, al dejar su cargo declaró un patrimonio de $42.812.372, aunque no mencionó inmuebles a su nombre

La mayor parte de su patrimonio son USD 50.100 declarados por la venta de activos, equivalentes a $40.353.045 al tipo de cambio oficial del Banco Nación. Además, posee un Jeep Wrangler Sport recibido como donación de Martínez Sosa en 2009.

La decisión judicial también afecta la declaración impositiva de Martínez Sosa, cuyo secreto fiscal fue levantado por orden del juez, aunque no esté obligado a presentar declaración ante la OA al no haber sido funcionario público.

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