La justicia le dio la espalda a Cacho Garay: cómo sigue la causa

Un Tribunal de segunda instancia confirmó la peor noticia para el humorista Cacho Garay (68) y la empleada legislativa Sandra Astudillo Staffolani (58).

Este miércoles, un Tribunal de segunda instancia confirmó su decisión en el caso que involucra al humorista Cacho Garay (68) y a la empleada legislativa Sandra Astudillo Staffolani (58), quienes enfrentan acusaciones relacionadas con una serie de delitos, en su mayoría de violencia de género y abuso sexual contra Verónica Macías (36), expareja de Garay. La decisión del tribunal establece que Garay continuará en prisión preventiva mientras se define si el caso avanza a juicio, mientras que Astudillo Staffolani regresará a prisión domiciliaria.

Suspendieron una audiencia clave para definir el futuro de Cacho Garay

Durante una audiencia celebrada recientemente, los jueces Mateo Bermejo, Eduardo Martearena y Mónica Romero evaluaron las apelaciones presentadas por los abogados de los acusados. La defensa de Garay, a cargo de Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz, solicitó que se le otorgara nuevamente el beneficio del arresto domiciliario, mientras que la abogada de Astudillo Staffolani, Carlos Moyano, pidió su libertad o la prisión domiciliaria.

Cacho Garay continuará detenido en el Penal. 

La fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, y los abogados de la víctima, Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, se opusieron a estas solicitudes. Finalmente, el Tribunal de segunda instancia rechazó la solicitud de Garay, pero aprobó la prisión domiciliaria para Astudillo Staffolani.

Allanaron nuevamente la casa de Cacho Garay y encontraron pruebas que lo complican aún más

Bajo estas condiciones, los acusados permanecerán bajo custodia hasta que se determine si el caso será llevado a juicio oral. Garay enfrenta cargos por amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. En caso de ser condenado, podría enfrentar una pena de 8 a 32 años de prisión.

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