La nueva pelea que dividió por completo a los rugbiers asesinos en prisión

Los asesinos de Fernando Báez Sosa no se quieren ni ver y protagonizaron un nuevo escándalo tras las rejas.

Tras la confirmación de las penas por parte de la Cámara de Casación para los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, un giro inesperado sacude el caso.

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Dos de los acusados decidieron cambiar de abogados, abandonando la defensa de Hugo Tomei para contratar nuevos representantes legales.


Máximo Thomsen, una de las figuras centrales en este caso, optaron por la representación de Francisco Oneto, mientras que Matías Benicelli, también condenado a prisión perpetua, escogieron a Carlos Attías como su nuevo abogado.

En el caso de Benicelli, allegados al joven expresaron que la defensa conjunta perjudicó a varios de los acusados, argumentando que Tomei no proporcionaba información detallada sobre la investigación y que muchas cuestiones importantes se conocieron durante el juicio.

Además, algunas familias afirman que Tomei les había prometido que las responsabilidades de sus hijos se limitarían a una participación secundaria en las lesiones, pero no en el homicidio. Esta falta de transparencia y discrepancia en las estrategias legales generó descontento entre los implicados y sus familiares.

La defensa en grupo también fueron objeto de críticas, ya que algunos rugbiers expresaron su deseo de declarar ante el tribunal y a la prensa, pero se les advirtió que esto podría contradecir la versión de sus compañeros. Esta situación ha llevado a cuestionar la estrategia de defensa de Tomei.

Tras la sentencia en primera instancia, los padres se reunieron con el abogado, quien les aseguró que todo quedaría resuelto en Casación y que las penas serían reducidas, promesas que no se cumplieron. El malestar persiste entre las familias, quienes consideran que la defensa de Tomei fue ineficaz y afectó el derecho de defensa de los imputados.

Los nuevos abogados podrían presentar un pedido de nulidad para un nuevo juicio o intentar modificar la calificación del delito, posiblemente buscando eliminar el agravante por la premeditación del hecho ante la Cámara de Casación o incluso la Corte.

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A pesar de permanecer detenidos juntos en el mismo pabellón, el descontento con la estrategia legal anterior persiste entre los acusados, quienes buscan una nueva dirección legal que les permita defenderse de manera más efectiva en el proceso judicial en curso.

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