Quieren conocer impacto de la DINAF antes de modificarla
En medio de la discusión por el reemplazo de la DINAF y la sanción de una nueva ley provincial de Niñez y Adolescencia, desde la Legislatura pidieron un análisis de las políticas públicas implementadas durante los últimos años para evaluar su eficacia. Para eso solicitarán que se contrasten los expedientes de menores institucionalizados con los registros del Sistema Penitenciario.
La propuesta tiende a crear una “idea razonable” sobre el éxito o fracaso de las políticas sociales implementadas durante las últimas décadas, sobre todo en lo referido a la asistencia de niños y adolescentes involucrados con algún hecho delictivo. El análisis pone énfasis en las operaciones realizadas a través del Centro de Orientación Socio Educativa (COSE), que durante la gobernación de Francisco Pérez pasó a funcionar de manera independiente a través de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil.
Para el senador justicialista Guillermo Amstutz, las estadísticas tienen que estar presentes antes de discutir la nueva norma, ya que “si no sabemos qué ocurrió con cada uno de los chicos que pasaron por ahí y si luego siguieron teniendo relación con hechos delictivos, entonces no podemos saber qué programa funcionó y cual no”. “La discusión no es solo sobre fondos, sino la eficacia de las políticas”, reforzó.
Además de los datos atesorados por la Subsecretaría de Desarrollo Social, los legisladores pidieron que se sumen otras fuentes. Para eso se solicitarán documentos a universidades provinciales y a los juzgados de Familia.
Corto, mediano y largo plazo
El proyecto para una nueva ley de Niñez y Adolescencia presentada ayer en la Cámara de Diputados es el primero de un paquete de medidas que serán tratadas durante los próximos meses, e incluso podría continuar durante 2017.
Su tratamiento iniciará el lunes próximo con la visita del ministro Rubén Giacchi y la subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, quienes responderán las inquietudes de los legisladores. En las semanas sucesivas le seguirán representantes de los cuatro gremios involucrados (ATE, SITEA, ATSA y AMPROS), y otras organizaciones sociales.
De acuerdo a la presidenta de la Comisión Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia, Beatriz Varela, “esta norma se unirá a la ley de Familia en la que está trabajando Aída Kemelmajer y los borradores sobre una nueva ley de Responsabilidad Juvenil”.
“La última quedará sujeta a un proyecto de redacción nacional que se tratará en el Congreso durante el año próximo, y sobre el cual la Provincia deberá decidir si se pliega o no”, agregó.
