El Gobierno provincial confirmó que arrancan las paritarias con todos los gremios
El Gobierno de Mendoza confirmó que el próximo lunes 9 de junio retomará las negociaciones paritarias con los gremios que representan a los trabajadores estatales. Si bien las reuniones estaban previstas inicialmente para la segunda mitad del mes, el cronograma fue reconfigurado debido a los feriados nacionales que interfirieron en el desarrollo habitual de las audiencias.
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El primer gremio convocado será el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que dará inicio a la nueva ronda de encuentros con los funcionarios del Ejecutivo provincial. Posteriormente, el Gobierno continuará con las demás organizaciones sindicales, siguiendo el calendario que ya fue notificado a cada sector.
Desde el Ministerio de Gobierno explicaron que esta reapertura responde al cumplimiento de los compromisos asumidos a comienzos del año, cuando los gremios aceptaron la propuesta salarial correspondiente al primer semestre de 2025. Dicho acuerdo, que incluyó a la totalidad de los trabajadores del Estado provincial, permitió garantizar previsibilidad financiera y el funcionamiento estable de los servicios públicos esenciales.
Entre las entidades que firmaron la propuesta se encuentran Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Licenciados en Enfermería, Dirección Provincial de Vialidad, Tesorería General, regímenes 13 y 35, profesionales de la salud, funcionarios judiciales, guardaparques, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTYC), Subsecretaría de Trabajo y Empleo, trabajadores de salud, empleados de la Administración Central, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), Contaduría y empleados judiciales.
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Esta nueva etapa de negociaciones apunta a establecer las condiciones salariales y laborales del segundo semestre del año. En un contexto nacional signado por la incertidumbre económica y las restricciones presupuestarias, el Gobierno mendocino expresó su voluntad de sostener una política de diálogo continuo con los gremios.
Las autoridades destacaron la necesidad de fortalecer el consenso con los distintos sectores del empleo público, priorizando la sustentabilidad fiscal, la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la continuidad de los servicios esenciales que dependen del Estado.
