Echan a 11 empleados del ex COSE por truchar certificados de la secundaria

En
mayo de 2016, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), solicitó a
la Dirección General de Escuelas (DGE) que comprobara la autenticidad de todos
los certificados de estudios secundarios del personal, con el objetivo de
constatar su veracidad.

Los resultados de dichas validaciones
arrojaron hasta el momento que 11 empleados presentaron certificados apócrifos
y aún queda un buen número de validaciones pendientes.

El director de Responsabilidad Penal Juvenil, Arturo
Piracés, explicó: “Cuando asumimos, los mismos trabajadores nos manifestaban
que en los últimos pases a planta había muchas irregularidades. Por eso
decidimos auditar todos y mandar a la DGE la documentación sobre su educación”.

“Hasta el momento hemos encontrado 11
personas que adulteraron su certificado del secundario, por lo que en tres años
hemos declarado nulos esos pases a planta”, indicó Piracés.

Ante esta situación, la Asesoría
Jurídica del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes los denunció por
falsificación de instrumento público.

Cabe destacar que desde diciembre de
2015 a junio de 2019, el ejecutivo ha cesanteado a alrededor de 400 agentes.

Entre las causas se destaca que 305
bajas se realizaron por inasistencias injustificadas. De ese total, 195
pertenecen a la DGE, 180 son celadores y el resto, administrativos.

Además, hay en curso 772 sumarios más
por inasistencias. Algunos datan de la gestión de Celso Jaque, que se están
tramitando en las oficinas de legales de sumarios de cada uno de los
ministerios o subsecretarías.

Con la creación, en octubre de 2018,
de la nueva oficina centralizada de sumarios todos los expedientes que se
encuentran en proceso de investigación, que datan de esa fecha, se gestionan
desde allí en lugar de realizarse como se hacía anteriormente en las oficinas
de legales particular de cada ministerio.

Actualmente, la
nueva área ya ha elevado 50 sumarios. En 16 de ellos se ha sugerido la cesantía
con dictamen de los agentes. Los legajos se encuentran a la espera de la
resolución que les de curso. De esta manera, la oficina se encuentra cumpliendo
el objetivo de la ley de agilizar los procesos sumariales, ya que los
expedientes se están clausurando en un plazo de 5 o 6 meses, cuando antes un
proceso de sumario rondaba los 4 años.