Las tres claves de la ley de Emergencia en anestesiología que busca declarar la ministra Nadal
Este viernes, la ministra de Salud, Ana María Nadal, dio a conocer los detalles de un proyecto de ley presentado por el gobernador Rodolfo Suarez, con el que el ejecutivo busca declarar la emergencia en la especialidad de anestesiología en Mendoza.
La falta de acuerdo entre el Gobierno y los anestesistas llevó a que 68 profesionales anestesiólogos, no renovarán sus contratos y esto comenzó a impactar de manera directa en la atención.
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"Hemos tenido muchas reuniones previas para poder llegar a un acuerdo sobre las maneras posibles en que el Estado puede mejorar la situación de los profesionales (con mayor dedicación, pases a planta o mayor cantidad de prestaciones) pero ante la unánime negatividad a todas las propuestas, nos vemos obligados a enviar este proyecto de emergencia", declaró Ana María Nadal, que presentó en sociedad el proyecto de ley junto a legisladores radicales.
En el Notti hay una larga lista de cirugías atrasadas.
Según informó la ministra, el proyecto de ley busca declarar en emergencia la especialidad de anestesiología, tanto respecto de la práctica como de la formación.
La declaración de emergencia tiene tres puntos centrales:
-Para que se hagan efectivas las renuncias, en vez de los 30 días habituales de preaviso, se necesitarán 120 días y tendrán que ser previamente aceptadas.
-Facultará al Ejecutivo a convocar a profesionales con matrícula vigente para hacer prestaciones de anestesia, si han tenido un vínculo laboral en los últimos 5 años con el Estado. También se podrá convocar a jubilados con matrícula vigente.
-El ministerio de Salud podrá avanzar en la formación de residentes o facultar con formación de excelencia a otros especialistas de manejo crítico en la práctica de anestesia.
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Sobre la baja en los servicios, Nadal ejemplificó: "no estamos pudiendo realizar las cirugías programadas", lamentó y aclaró: "El Notti tiene 300 cirugías postergadas y se está profundizando la lista de espera".
Esta situación, catalogó la ministra, configura una "negligencia en la atención" y advirtió a los profesionales que la legislación prevé sanciones que tienen que ver con la administración de la matrícula y hasta penales en caso de que se viera en peligro la salud de la población.
