Por decreto, el gobierno de Milei limitó el derecho a huelga
Este martes, el Gobierno nacional publicó el decreto 340 en el Boletín Oficial, lo que trae cambios importantes a la reforma laboral y afecta el derecho a huelga en sectores clave de la economía. Ahora, más actividades se consideran servicios esenciales y de importancia crítica, lo que limita la posibilidad de hacer paros totales en muchas áreas productivas y de servicios.
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El artículo 3 del decreto modifica el artículo 24 de la ley N° 25.877. Este establece que los conflictos que afecten servicios esenciales o actividades de importancia crítica deben cumplir con mínimas garantías de operación. En otras palabras, durante una huelga, deben mantenerse ciertos niveles de operación.
Con este nuevo esquema, los servicios esenciales no pueden bajar su actividad por debajo del 75%. Para las actividades de importancia crítica, el mínimo es del 50%. Esto significa que los sindicatos tendrán menos poder para detener completamente estos sectores durante una huelga.
Los servicios esenciales ahora incluyen áreas como salud, telecomunicaciones, energía, y educación inicial y básica, además de una larga lista de tareas portuarias, aeronáuticas y marítimas. Por ejemplo, el transporte y distribución de medicamentos, los servicios de internet y comunicaciones satelitales, y el dragado de buques están dentro de esto.
También se añade el transporte marítimo y fluvial de personas y carga, incluso operaciones costa afuera, lo que apoya la desregulación del sector anunciada por el Gobierno hace poco.
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Por otro lado, las actividades de importancia crítica abarcan la producción de medicamentos, el transporte terrestre y subterráneo, la industria alimentaria, la producción de cemento y químicos, los medios de comunicación, y la minería, entre otros.
El Gobierno justifica este cambio diciendo que es necesario garantizar que estos sectores sigan funcionando bien, y que se busca evitar bloqueos que podrían afectar la economía y el suministro.
Todo esto sucede en un marco de tensión entre el Gobierno y diferentes gremios. Desde la Casa Rosada dicen que quieren modernizar las reglas laborales, mientras que los sindicatos advierten sobre un intento de restringir derechos que deberían ser protegidos.
