Pidieron revocar el procesamiento de Alberto Fernández en uno de los casos más emblemáticos

El fiscal José Luis Agüero Iturbe pidió dejar con falta de mérito al expresidente en una de las causas que lo complicaron con la Justicia.

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, solicitó este martes que se revoque el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros y que se lo deje con falta de mérito, a fin de profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba.

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La audiencia tuvo lugar en la Cámara Federal, donde Fernández se presentó junto a su abogada defensora, Mariana Barbitta. Según explicó Agüero Iturbe, el expediente aún requiere mayor producción de pruebas antes de atribuir responsabilidades penales directas al ex mandatario.

La decisión final quedará en manos de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, quienes resolverán al concluir las audiencias previstas para los demás procesados. Fernández y su defensora, por su parte, insistieron en la nulidad del procesamiento, al denunciar una supuesta violación de su derecho a la defensa.

El trasfondo de esta disputa judicial incluye un extenso recorrido por distintas instancias. En mayo de 2024, Fernández intentó apartar al juez Julián Ercolini al denunciar "temor de parcialidad" y hablar de una "venganza disfrazada de causa penal". Alegó incluso que había mantenido una relación de amistad con el magistrado, rota cuando éste avanzó con causas vinculadas al kirchnerismo, y recordó que en su momento había ordenado denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.

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Sin embargo, Ercolini rechazó de plano el planteo, negó cualquier vínculo de amistad o enemistad con el ex presidente y mantuvo la investigación. La recusación también fue desestimada por la Cámara Federal y por la Cámara Federal de Casación Penal. Más tarde, la defensa recurrió a la Corte Suprema, pero el máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el planteo en julio de 2024, al no tratarse de "una sentencia definitiva".

El caso quedó finalmente bajo la órbita del juez Sebastián Casanello, quien procesó a Fernández por "negociaciones incompatibles con la función pública", delito que prevé hasta seis años de prisión. Para el magistrado, está probado que el ex presidente intervino para favorecer los negocios del bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, a quien definió como parte de su "círculo íntimo" y para quien Fernández había trabajado antes de llegar a la Casa Rosada. Según Casanello, el ex mandatario se involucró en un "plan de expansión de los negocios" de Martínez Sosa con el Estado.

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