Alberto Fernández se escudó tras su procesamiento: "Me persiguen por ser peronista"

El expresidente Alberto Fernández fue procesado por la Justicia Federal en el marco de la denominada "Causa Seguros", acusado de haber incurrido en incompatibilidad en el ejercicio de la función pública durante su gestión al frente del Ejecutivo. La resolución judicial lo vincula directamente con una presunta trama de corrupción en la contratación de seguros estatales.

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En un extenso comunicado difundido este viernes a través de sus redes sociales, Fernández rompió el silencio tras la decisión judicial y aseguró: "Ayer -por el jueves- la (in) Justicia Federal dispuso mi procesamiento". El exmandatario cuestionó el giro de la investigación, al sostener que "ya no me cuestiona un decreto que firmé para poner fin a la cartelización y a los negociados que se hacían con los seguros del Estado", sino que ahora "se me imputa no haber advertido el ‘riesgo' que suponía nombrar como secretaria a la esposa de un productor de seguros".

En ese mismo mensaje, Fernández sostuvo que "la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso", y concluyó: "Seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación".

La causa judicial en cuestión tomó impulso a partir de un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que advirtió sobre posibles irregularidades en al menos 45 contratos suscriptos entre dependencias del Estado y la empresa Nación Seguros SA -filial del Banco Nación- con la intervención de brokers privados presuntamente cercanos al entorno del exmandatario.

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Según la investigación, uno de los mecanismos clave de la supuesta maniobra fue el decreto 823/2021, que habilitó contrataciones con Nación Seguros, permitiendo la participación de intermediarios con vínculos personales con funcionarios del Ejecutivo. La Procelac consideró "clave" el entrecruzamiento entre "funcionarios públicos y empresarios privados", señalando que esa relación generó "beneficios indebidos".

Entre los imputados figuran María Cantero, exsecretaria de Fernández; su esposo, Héctor Martínez Sosa, señalado como uno de los brokers beneficiados y allegado personal del expresidente; y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros. Todos enfrentan acusaciones por una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado.

La causa representa uno de los frentes judiciales más delicados para el expresidente y marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el kirchnerismo y parte del Poder Judicial. Fernández, por su parte, insiste en que su procesamiento responde a "intereses políticos" y al "clima de persecución" que -según denunció- atraviesa a la dirigencia peronista.