Condenaron a cadena perpetua al padre de la bebé asesinada: confesó haberla abusado y golpeado
El Tribunal Penal Colegiado N° 2 condenó a prisión perpetua a Gustavo Ariel Olguín Ormeño, de 24 años, por el crimen de su hija Emma Pilar, una beba de dos meses que murió en agosto de 2023 tras haber sido brutalmente golpeada y abusada.
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El acusado evitó el juicio por jurados al aceptar un procedimiento abreviado, en el que se declaró culpable de "homicidio doblemente agravado por el vínculo en concurso ideal por haber sido cometido con alevosía, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo". La pena fue acordada entre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y la defensa oficial.
El caso había conmocionado a Mendoza por la violencia ejercida sobre la víctima. Según el informe forense, la beba presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, incluyendo tórax, abdomen, brazos, piernas y espalda, además de signos compatibles con abuso sexual. Los especialistas indicaron que las heridas habían sido provocadas entre 24 y 48 horas antes de su fallecimiento.
El episodio salió a la luz el 14 de agosto de 2023, cuando la madre de la niña llamó al 911 al notar que su hija tenía dificultades para respirar. La menor fue trasladada de urgencia al hospital Notti, donde quedó internada en terapia intensiva tras ser estabilizada por los médicos. Sin embargo, murió días después como consecuencia de las lesiones.
Durante la investigación se determinó que, al momento del hecho, la niña había quedado al cuidado de su padre, mientras su madre se encontraba fuera del domicilio. Este elemento fue clave para el avance de la causa.
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Inicialmente, ambos progenitores fueron detenidos e imputados, pero en junio de 2025 la Justicia resolvió el sobreseimiento de la mujer al no encontrar pruebas que la vincularan con el crimen.
El expediente también tuvo repercusiones posteriores cuando, en 2024, un error en la Morgue Judicial derivó en la entrega y cremación de los restos de la beba, lo que generó un escándalo institucional y la renuncia de autoridades.
Con la condena confirmada, el caso cierra una de las investigaciones más estremecedoras de los últimos años en la provincia, marcada por la gravedad de los hechos y el impacto social que generó.
