Comunidades indígenas pidieron juicio político a Rodolfo Suarez

Señalaron en una presentación en la Legislatura que corresponde el juicio político por "mal desempeño, desorden de conducta, faltas y delitos".

Este jueves, Gabriel Andrés Jofré, referente de la Organización ldentidad Territorial Malalweche, presentó un pedido de juicio político contra el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, acusándolo de mal desempeño, desorden de conducta, faltas y delitos en el ejercicio de sus funciones. 

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La solicitud será vista por la Cámara de Diputados en primera instancia, pero desde el Gobierno apuntan contra el abogado de los mapuches.

En su pedido, Jofré sostiene que el gobernador es el protagonista central en una campaña de odio anti-mapuche en la provincia de Mendoza, y lo acusa de tener un "negacionismo discriminatorio" hacia la comunidad, como se refleja en su uso de comillas al referirse a los mapuches en resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos lndígenas (INAI).

Miembros de la comunidad mapuche en Mendoza. 

Además, el denunciante señala distintas ocasiones en las que el mandatario mendocino se manifestó en contra de la comunidad mapuche del sur, ya sea en medios o redes sociales oficiales, y también destaca la falta de respuesta de Suarez tras la marcha organizada en el sur por distintos empresarios contra "los falsos mapuches".

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El conflicto se originó en enero de este año, cuando se dio a conocer que el Gobierno nacional había reconocido tierras a mapuches en distintas localidades del sur mendocino. Desde entonces, la tensión ha ido en aumento, y el exgobernador y precandidato a la Gobernación, Alfredo Cornejo, inició una denuncia formal junto a Miguel Ángel Pichetto contra el titular del INAI con el reclamo de que "nunca hubo mapuches en Mendoza".

El pedido de juicio político contra Suarez por parte de Jofré y la Organización ldentidad Territorial Malalweche es el último capítulo en una serie de tensiones entre el Gobierno provincial y la comunidad mapuche en la provincia de Mendoza. Ahora, queda en manos de la Cámara de Diputados evaluar la viabilidad del juicio político.


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