Buscan establecer contratos obligatorios en la compra venta de uva y frutas a nivel industrial

Mientras ayer se definía en la Legislatura la sanción definitiva de la ley de movilidad provincial, la comisión de economía de la Cámara de Diputados avanzaba en la discusión de un proyecto de ley que busca establecer contratos obligatorios para todas las operaciones de compra venta de materias primas.

Para los productores locales es bien conocido que el poder de negociación siempre queda del lado del comprador, y en el caso de la vitivinicultura, es casi una costumbre que los contratos de compra venta en los que se acuerda el precio y las condiciones de pago se celebren de forma verbal. También es habitual que luego de haber entregado la uva el comprador decida unilateralmente cambiar las condiciones a sabiendas que el productor no tiene posibilidades de oponerse.

Si bien el proyecto original había sido pensado para la compra venta de uvas, y de los contratos de elaboración de vinos y/o mostos, la intención es ahora extender esta norma a otras actividades como la producción de frutas para industria y tomate, entre otros.

El proyecto es una iniciativa del exintendente y actual diputado provincial Carlos Mansur, quien subrayó que la idea es hacer una ley de consenso y que sirva como una herramienta legal que proteja a todos los productores ante situaciones de abuso o aprovechamiento en las operaciones de compra venta. Otra ventaja sería que los contratos celebrados en el marco de la ley quedarán exentos del pago del impuesto de sellos y de toda contribución provincial.

Según Mansur, el proyecto cuenta con el aval político de la oposición y por eso cree que podría convertirse en ley antes de noviembre que es el mes en el que comienza la cosecha del durazno. Aunque antes habrá que saldar algunas discusiones en torno a la propuesta de algunos legisladores quienes consideran necesarios que dichos contratos incluyan de forma expresa plazos y formas de pago convenidos antes de la entrega de materia prima.

Pero más allá de los acuerdos políticos, para Mansur será también muy importante escuchar lo que puedan aportar los propietarios de las bodegas, las fábricas y lo propios productores.

Si bien la ley busca proteger a productores primarios, su implementación real dependerá en buena medida del consenso que logre en un sector empresario acostumbrado a negociar en una posición de ventaja. Sobre este punto, Mansur aseguró que “si una bodega se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero y en tantas cuotas no debería tener ningún inconveniente en cumplir con lo pactado. Ahora, si la negociación se hace de forma unilateral y se cambian las condiciones, la ley preverá sanciones”.

Desde el ejecutivo provincial ven con buenos ojos el proyecto e incluso fue desde allí desde donde salió la propuesta de extender la medida a otros sectores productivos. Al respecto, el subsecretario de Agricultura, Alejandro Zlotolov, dijo que la problemática de los contratos es algo que afecta a todos los productores donde la venta se realiza a través de intermediarios o con destino industrial y que por eso la idea es ampliar las posibilidades de este sistema a productores de frutas.

Consultado sobre cuáles serán los mecanismos de fiscalización que se implementarán para el cumplimiento de la ley, el funcionario explicó que “quienes no efectúen las operaciones a través de un contrato perderán la posibilidad de acceder a ciertos beneficios que se brindan desde el Estado como financiamiento o exenciones impositivas”.