Milei quedó pegado a la causa por espionaje ilegal y deberá presentarse ante la Justicia
Javier Milei, candidato a la presidencia por La Libertad Avanza, tomó la decisión de convertirse en querellante en el caso de espionaje en el que figura como una de las víctimas, involucrando al ex sargento de la Policía Federal, Ariel Zanchetta.
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Este último, además, fue vinculado a un diputado nacional del kirchnerismo y a un influyente miembro de La Cámpora, organización dirigida por Máximo Kirchner.
El ex policía Zanchetta tenía vínculos previos con Fabián "Conu" Rodríguez, funcionario de la AFIP y ex Subsecretario de Coordinación de Medios del Gobierno Bonaerense, así como con el diputado kirchnerista, Rodolfo Tailhade.
Ariel Zanchetta
En la presentación de Milei, a través de su abogado Francisco Oneto, se estableció: "Vengo a promover una querella criminal contra Zanchetta y quienes sean sus cómplices, encubridores o instigadores".
Esta acción legal fue realizada ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien lidera el caso junto al fiscal Gerardo Pollicita. Dentro de la investigación, Rodolfo Tailhade está mencionado como imputado, mientras que Fabián Rodríguez se encuentra detenido con prisión preventiva.
El juez debe tomar una decisión crucial respecto a la participación de Milei y su excandidata a gobernadora bonaerense, Carolina Piparo, como querellantes. Si se les concede este rol, tendrán la capacidad de formular acusaciones y acceder al expediente, además de solicitar medidas de prueba.
Según el extenso dictamen fiscal de 143 páginas al que TN tuvo acceso, el acusado, Zanchetta, se desempeñó como agente de la Policía Federal Argentina durante 25 años, adquiriendo conocimientos en actividades de inteligencia.
Javier Milei
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En 2015, fue designado como policía "inorgánico" en la Secretaría de Inteligencia de la Nación, donde se le atribuye la realización de actividades de espionaje a pedido de funcionarios de dicha entidad. Sus conexiones con políticos del kirchnerismo se establecieron cuando logró acceder a la Cámara de Diputados de la Nación, en la comisión de seguridad, en calidad de asesor.
El fiscal explicó que "las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a funcionarios del Poder Judicial, sino que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuyos 'objetivos' incluían a cientos de personas, como políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportistas y sindicalistas, entre otros".