Alarmante: según la UCA, el 64,9% de los niños son pobres en Argentina

El Observatorio de la Deuda Social informó que el 43,8% de los argentinos se encontraba bajo la línea de la pobreza hacia octubre.

Según reveló el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, el 64,9% de los niños y adolescentes de la Argentina viven en la pobreza, siendo el único grupo etario que subió respecto del año pasado.

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Mientras que los números del total del país en relación a la pobreza, han sufrido una leve baja, posicionándose en 43,8% anual, mientras que la del 2020 fue del 44,7%.

Según reveló el informe, Argentina está ante una "crisis y estancamiento en un marco de desigualdades crecientes". Así lo indica la UCA en su informe de avance "Crisis del empleo, pobreza de ingreso y privaciones sociales estructurales. Argentina Urbana 2010-2021" que dio a conocer este martes.

Según el estudio, el 33,9% de los hogares y 43,8% de las personas se encontraron bajo la línea de la pobreza entre julio y octubre de 2021. En lo que refiere a pobreza por ingresos, el nivel sería levemente inferior al 44,7% registrado en 2020 pero sigue siendo superior a la de 2019, cuando se ubicó en 39,8%.

Según el estudio, el 33,9% de los hogares y 43,8% de las personas se encontraron bajo la línea de la pobreza entre julio y octubre de 2021.

Niveles de indigencia

Mientras tanto, los niveles de indigencia se encuentran en valores relativamente similares a los del 2019, previo a la pandemia del coronavirus. El 6,4% de los hogares y 8,8% de las personas son indigentes. En 2019 el 8,4% de las personas eran indigentes y en 2020 subió 9,8%.

En términos etarios, los más afectados por la indigencia y pobreza son los niños y adolescentes. Según la Encuesta de la Deuda Social del Observatorio, el 64,9% de los niños y adolescentes viven en hogares por debajo de la línea de la pobreza. El 14,7% se encuentra, además, por debajo de la frontera de la indigencia.

Actividad laboral

El estudio también indica que se está ante una "caída tendencial de la tasa de actividad laboral y de los empleos, con deterioro creciente de los trabajos informales y en los perfiles sociales más vulnerables". Entre julio y octubre, solo el 42,1% de la población económicamente activa accedió a un empleo pleno de derechos. El 29,6% contó con un empleo regular pero precario, con ingresos superiores a la subsistencia, pero sin poder afiliarse al Sistema de Seguridad Social. Mientras tanto, el 19,2% contó con un subempleo inestable, lo cual quiere decir que su subsistencia dependió de trabajos temporarios, "changas" o programas de empleo con contraprestación.

Esto marca una disminución marcada en la calidad del empleo en trabajadores marginales, residentes en hogares de nivel socioeconómico bajo o muy bajo, trabajadores del sector micro-informal, jóvenes y adultos mayores.

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En lo que refiere a la recurrencia con la que los trabajadores deben atravesar situaciones de pobreza, el informe señala que más de 4 de cada 10 ocupados (un 44,1%) experimentó pobreza alguna vez entre 2019 y 2021. De estos, el 16,6% la experimentó una sola vez, un 27,5% la experimentó en dos o tres oportunidades y un 16,7% la experimenta de forma "crónica". Quienes tienen más propensión a esta situación son aquellos que integran hogares del estrato trabajador marginal. El 29,6% del sector microinformal también tiene muy alta propensión a la pobreza crónica. Entre ellos, los más expuestos pertenecen al conurbano bonaerense y a pequeños aglomerados del interior del país.

El rol del Estado

El informe también da cuenta de las asistencias sociales recibidas. Durante 2021, el 33,8% de los hogares recibió alguna asistencia. Asimismo, un 20,5% de las unidades domésticas declaró haberse beneficiado de bolsones, viandas o de alimentos de comedores no escolares.

Para el ODSA, la pobreza refiere a "privaciones económicas injustas que afectan el desarrollo de las capacidades humanas en diferentes dimensiones de la vida social". Entiende, a su vez, esta injusticia como un perjuicio a los derechos económicos y sociales que la Constitución Nacional consagra. Para medir la pobreza utiliza dos criterios clave: el derecho a un piso de justo bienestar económico y el derecho a formar parte de una sociedad de iguales.

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