Achicarían el monto para deuda y crearían un fondo a pedido de la CAC

El segundo intento de mediación entre el Gobierno, la UCR y la Justicia tuvo mejores resultados, al menos hipotéticamente. Es que hay diálogo entre el radicalismo y el PJ con miras a buscar alguna solución a la crisis institucional generada por la falta de sanción del Presupuesto 2014 y el freno al endeudamiento que impuso la Corte a pedido de la oposición.

La clave para destrabar el conflicto es el monto de la deuda que le autorizarían al Gobierno. En principio Francisco Pérez había anunciado que bajaban sus pretenciones y que pedirían aval para endeudarse en 1400 millones de pesos. El radicalismo había insinuado que sólo autorizaría no más de 600 millones y siempre y cuanto en septiembre se compruebe a través de una revisión de las cuentas, que es necesario.  El monto “preacordado” sería de 900 millones de pesos, aunque es una cifra que no convence a Hacienda y tampoco a Pérez. En realidad, más allá de los números está quién cede más en la negociación. La UCR busca, como ocurre desde octubre del año pasado, marcar presencia como oposición haciendo pesar la cantidad de votos que tiene en ambas cámaras de la Legislatura.

Si las negociaciones se transforman en acuerdo, todo podría ser rubricado en un nuevo Presupuesto. En realidad los cambios se podrían hacer sobre el mismo proyecto que tiene media sanción de Diputados. Es decir: el proyecto lo retomaría el Senado, le haría los cambios y volvería en revisión al Senado. De esa manera se pondría fin al conflicto institucional y la demanda de los radicales ante la Corte quedaría abstracta. Claro que esto cambia todo el tiempo, aunque los negociadores son optimistas. En la UCR creen que ya apretaron “lo suficiente” la situación y obligaron al Gobierno a negociar. Por el lado del oficialismo, aseguran que la presión ejercida con distintos actores dio algo de resultado.

Incluso tomarán como parte del compromiso un proyecto presentado a principio de año por la Cámara Argentina de la Construcción. Se trata de la creación de un fideicomiso para obras públicas, con la idea de garantizar fondos para esos fines sin que sean desviados. No es casualidad que la primera reunión que tuvo Pérez cuando se conoció el fallo de la Suprema Corte haya sido, justamente, con los empresarios de la construcción. Ese fue el caballito de batalla usado por el Gobierno en la pelea dialéctica: en freno a las obras.

De paso, la UCR pediría como garantía del acuerdo que los fondos que se consigan y se tomen para pagar a futuro tengan destino específico y que así quede plasmado en la ley que se sancione.