A partir de una iniciativa de la Corte se oficializa la figura del “abogado del niño”

El convenio surge como una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que busca llenar el vacío que existe en materia de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes (NNA) en la provincia tal cual lo dispone la Ley nacional de Protección Integral 26061. Este rol de representación había sido ejercido, a medias, por la Defensoría General de Derechos de DINAF, pero fuentes judiciales señalaron a este diario que la nueva gestión desfinanció el área, reasignó el personal a otros sectores y finalmente cerró la oficina que también tenía a su cargo la actualización y difusión del Registro Nacional de Niños Extraviados.

El subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte, Javier López, comentó que la idea del convenio es lograr que ante un caso donde exista un interés contrapuesto del niño con sus progenitores, o que sus progenitores no se puedan poner de acuerdo o litiguen “por demás” en situaciones referentes a sus hijos, a pedido de las partes, o de la asesora de menores o cuando el juez lo estime conveniente, éste podrá optar por sortear un abogado que represente los intereses del niño.

La estrategia de la Corte es ir replicando este acuerdo con distintos colegios de abogados de la provincia, de los cuales el primero se cerró con el Colegio de Abogados de San Martín donde ya se capacitó a treinta profesionales que se incorporaron a una lista, que será administrada por el Poder Judicial y que los jueces podrán utilizar para sortear los abogados. Este mismo convenio se firmó con el Colegio de Abogados de la “primera circunscripción” con lo que el beneficio se extiende a los juzgados de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú y Lavalle. Si bien todavía se está trabajando en la conformación de las listas y en el dictado de las capacitaciones, desde el Poder Judicial estiman que la medida podría estar funcionando plenamente a mediados de 2018.

Los honorarios de los profesionales serán regulados por el juez y se podrán cobrar a las partes siempre y cuando estos cuenten con recursos. De no ser así, el profesional interviniente podrá solicitar que se regulen sus honorarios en base al monto que determinan los jueces a los abogados ad-hoc que actúan en la justicia de familia. Aunque no se contemplaron fondos específicos en el presupuesto 2018 del Poder Judicial para tal fin, López señaló que existen partidas especiales en el presupuesto que son suficientes para poder solventar este tipo de situaciones durante esta primera etapa.

Los abogados que se incorporen a las listas podrán intervenir también en situaciones de vulneración de derechos más graves como las de abuso sexual o violencia física. También se podrá participar en conflictos judiciales administrativos, cuyo ámbito por excelencia es la escuela, frente a casos de sanción excesiva o de expulsión por la aplicación de normas de conducta desproporcionadas para una comunidad educativa.  De hecho, el funcionario judicial indicó que este criterio ya se aplicó en un caso laboral en el cual se le asignó un abogado a un niño cuya madre había fallecido en un accidente y en el que el padre reclamaba para sí la indemnización de un seguro siendo que ya no convivía desde hace años con la mujer y que tampoco se había hecho cargo de los hijos.

Consultado sobre si se han tomado medidas para proteger la integridad psicológica de los niños en los procesos judiciales, el funcionario explicó que no hay una obligación de que el niño participe en todo los procesos en los cuales sus padres participan ni que esté siempre presente. Para ello será tarea del abogado presentar recursos, peticiones, escritos, oponerse a pericias, aprobar y actuar en todos los términos que dicta la ley.