YPF toma el control de Metrogas

Tras
ejercer el denominado “derecho de compra preferente”, la petrolera que
conduce Miguel Galuccio igualó la oferta que estaba en juego por las
acciones de British Gas (BG) y, de esa manera, logró acceder al 100% de
GASA, la sociedad controlante de Metrogas.

YPF, que ya tenía casi
el 47% de las acciones de GASA, cerró ahora la compra del 54,67%
restante que había puesto en venta la inglesa BG. De esta manera, la
petrolera se ha convertido en la principal accionista y controlante de
Metrogas con un 70% de participación accionaria. A eso se suma otro
6,84% de acciones que BG tenía en forma directa en la distribuidora de
gas.

Las acciones que terminaron en poder de YPF habían sido
inicialmente vendidas a una sociedad integrada por el empresario Jorge
Neuss y el grupo Vila-Manzano. La operación, concretada a mediados de
noviembre, estaba sujeta a que YPF no ejerciera la opción de compra que
estaba incluida en el convenio de accionistas.

Ayer, la petrolera confirmó que utilizó esa vía para quedarse como única dueña de GASA.

Según
informó YPF la adquisición “tiene como objetivo hacer de Metrogas una
empresa más eficiente y rentable, asumiendo por primera vez la gestión
de una de las compañías de distribución de gas más atractivas de América
Latina”.

Además, destacó que “Metrogas es una empresa fundamental
para la matriz energética del país, y el trabajo conjunto entre YPF y
el Estado Nacional permitirá recuperar su valor, la eficiencia y el buen
desempeño en el mercado”. La empresa perdió $ 82,6 millones en lo que
va del año.

A partir de ahora, el desembarco de YPF en Metrogas
tiene que pasar por el filtro del Enargas y de la Comisión de Defensa de
la Competencia. En ambos casos, se espera una rápida aprobación
teniendo en cuenta que la movida de YPF ya cuenta con el visto bueno del
Gobierno.

Si bien no hubo información oficial sobre el precio
pagado, fuentes del sector indicaron que el valor final se habría
ubicado en torno de los US$ 10 millones.

Metrogas está intervenida
por el Gobierno desde junio de 2010 por su progresivo deterioro
financiero, que la llevó a un concurso con un pasivo de más de US$ 200
millones. En junio, los acreedores aprobaron una reestructuración de
deuda, con quitas de entre el 46,8% y el 53,2% y una extensión hasta
2018.