Vence el decreto que prohibía ejecutar desalojos por falta de pago de alquileres

La medida que congelaba los valores de alquileres y no permitía ejecutar desalojos había sido dispuesta por el gobierno para ayudar a personas y familias que presentaban dificultades económicas para cumplir con sus obligaciones de pago en el marco de la pandemia.

El próximo 31 de marzo vence el decreto nacional que prorrogaba automáticamente los contratos de los alquileres y prohibía desalojos de personas y familias que, en el marco de la pandemia COVID-19 y como consecuencia del impacto de las medidas sanitarias del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) se encontraron dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago de los contratos de alquiler.

Suárez y Cornejo, contra Alberto por una nueva "promoción industrial"

El decreto, que ya había sido prorrogado en varias oportunidades, quedará sin efecto a partir de abril y será reemplazado por el "Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales" con el cual la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación pretende asistir a los inquilinos que deban afrontar desalojos.

Según la Resolución 88/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, e invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, a recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo.

Esto quiere decir que aquellos inquilinos que habían sido beneficiados con la suspensión de desalojos por falta de pago de los contratos de alquiler ahora quedarán sujetos a este nuevo protocolo del que aún se desconocen los detalles.

En principio, con este protocolo se coordinarán acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran de la asistencia del estado.

Al igual que en el decreto que suspendía los desalojo, el protocolo priorizará a las familias monoparentales, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad y quienes se encuentran en situación de violencia de género, entre otros.

Esta nota habla de: