Tomarán las huellas dactilares de quienes denuncien un delito
A partir de 2017 las unidades fiscales tomarán las huellas dactilares no solo de los detenidos, sino también de las personas que se acerquen a realizar una denuncia. El Gobierno espera así completar una base de datos que permita hallar a personas fugadas o con deudas pendientes con la justicia y lograr su aprehensión inmediata. La idea es poder confeccionar a futuro un banco digital que también contenga muestras de ADN.
De acuerdo a un convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, la disposición empezará a correr a partir de mediados de abril del año próximo, aunque los plazos estarán condicionados por el tiempo que tarden las unidades fiscales en contar con la tecnología de sistemas biométricos.
Una vez tomada las imágenes, pasarán a formar parte del Sistema de Identificación Automática de Huellas Dactilares (AFIS, por su sigla en inglés), que actualmente usa la Policía para identificar a las personas que podrían estar involucradas en algún delito. La información estará disponible solo para personal autorizado, tanto de la justicia como de seguridad.
De este modo, cada vez que una persona coloque sus dedos sobre el sistema biométrico, el personal de la fiscalía o el policía (en caso de ser demorado en la calle), podrá saber no solo su identidad, sino contar con un historial completo que incluirá datos como privaciones de la libertad, paraderos, comparendos y medidas de protección como las prohibiciones de acercamiento. Esto último servirá para los casos de violencia de género. También se incluirán los pedidos de secuestros que pesan sobre los automotores.
El sistema permitirá también la georefenciación, lo que permitirá identificar con mayor detalle dónde, cuánto y cómo ocurren los ilícitos que atentan contra la seguridad de los mendocinos. Desde Seguridad suministrarán además los sistemas de cartografía y los servicios callejeros, que hoy poseen los patrulleros inteligentes adquiridos por este Gobierno a mitad de año.
Desde el Poder Judicial indicaron que la elaboración de la base de huellas será el primer paso de un programa mayor que incluye la toma de muestras de ADN, para lo que tendrán que hacer una ley especial, ya que el Código Procesal Penal solo lo permite en personas con condena firme, procesados y policías.
“Esperamos poder tenerlo listo para el año que viene. Invertiremos alrededor de $27 millones en el soft adecuado para poder hacer las comparaciones de ADN masivas y así poder constituir la base de datos. Sólo nos falta encontrar el lugar adecuado para la instalación del laboratorio, que requiere un espacio de características técnicas especiales”, explicó hace dos meses el gobernador Alfredo Cornejo, cuando presentó la idea junto al procurador Alejandro Gullé.
