Temen que la Corte le de curso a la extensión de la promoción industrial
El fantasma de la promoción industrial volvió a la agenda del sector productivo mendocino, justo en plana época de Vendimia. Y no reapareció con buenas noticias.
Según aseguran los representantes de la Cámara de Comercio de San Rafael, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está a punto de rechazar el amparo que presentaron para frenar la aplicación del Decreto 699. Se trata de la norma con la que Cristina Fernández extendía los beneficios de la promoción industrial a provincias vecinas (San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis) en perjuicio de Mendoza.
La medida había quedado suspendida por una medida cautelar presentada por los empresarios del Sur. Pero la Cámara Federal revirtió ese fallo, dejando vigente el polémico Decreto 699. Así, los empresarios recurrieron a la Corte nacional. Pero estiman que el recurso está a punto de se rechazado.
Según la información que manejan desde San Rafael, tres de los jueces que actúan en la causa ya le bajaron el pulgar al reclamo de los mendocinos. Así, con un voto más, quedaría rechazado. De esa manera la promoción industrial podría extenderse en esas provincias y para avanzar faltaría sólo que firmaran los convenios particulares con la Nación.
Desde el Gobierno de la provincia desestimaron la información y aseguraron que las negociaciones políticas por el tema nunca se dejaron de lado. Al mismo tiempo dicen que la promoción industrial y el Decreto 699 no se aplicará más allá de cualquier decisión judicial. Incluso ven alguna “mano negra” detrás, porque, dicen, la información “aparece justo en la semana donde se realiza la Fiesta de la Vendimia”.
Las alternativas políticas que se manejaban era que no se aplicara la extensión de ese beneficio, que permite instalar industrias sin que paguen impuestos nacionales. Pero las provincias hacen lobby para que ocurra todo lo contrario. La otra alternativa, más viable, es que se incluya a Mendoza en esa lista de provincias beneficiadas. Esa idea se complicó cuando surgió, porque comenzó a protestar La Pampa.
Vale recordar que en la gestión anterior el Estado mendocino renunció a una demanda que tenía en la Corte.
Según aseguran los representantes de la Cámara de Comercio de San Rafael, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está a punto de rechazar el amparo que presentaron para frenar la aplicación del Decreto 699. Se trata de la norma con la que Cristina Fernández extendía los beneficios de la promoción industrial a provincias vecinas (San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis) en perjuicio de Mendoza.
La medida había quedado suspendida por una medida cautelar presentada por los empresarios del Sur. Pero la Cámara Federal revirtió ese fallo, dejando vigente el polémico Decreto 699. Así, los empresarios recurrieron a la Corte nacional. Pero estiman que el recurso está a punto de se rechazado.
Según la información que manejan desde San Rafael, tres de los jueces que actúan en la causa ya le bajaron el pulgar al reclamo de los mendocinos. Así, con un voto más, quedaría rechazado. De esa manera la promoción industrial podría extenderse en esas provincias y para avanzar faltaría sólo que firmaran los convenios particulares con la Nación.
Desde el Gobierno de la provincia desestimaron la información y aseguraron que las negociaciones políticas por el tema nunca se dejaron de lado. Al mismo tiempo dicen que la promoción industrial y el Decreto 699 no se aplicará más allá de cualquier decisión judicial. Incluso ven alguna “mano negra” detrás, porque, dicen, la información “aparece justo en la semana donde se realiza la Fiesta de la Vendimia”.
Las alternativas políticas que se manejaban era que no se aplicara la extensión de ese beneficio, que permite instalar industrias sin que paguen impuestos nacionales. Pero las provincias hacen lobby para que ocurra todo lo contrario. La otra alternativa, más viable, es que se incluya a Mendoza en esa lista de provincias beneficiadas. Esa idea se complicó cuando surgió, porque comenzó a protestar La Pampa.
Vale recordar que en la gestión anterior el Estado mendocino renunció a una demanda que tenía en la Corte.
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