Suárez arremete contra los sueldos escandalosos del Poder Judicial

El gobernador enviará un proyecto de ley a la Legislatura para "regular que el salario de los magistrados tenga directa relación con la prestación y función que se ejerza".

El gobernador Rodolfo Suarez se metió en el escándalo mediático que se generó tras la difusión de los sueldos que cobran algunos funcionarios del Poder Judicial. Según afirmó Suarez en su cuenta de Twitter, tras enterarse por los medios de que la secretaria privada del presidente de la Suprema Corte de Justicia cobra $406.818 y que no paga ganancias, enviará un proyecto de ley a la Legislatura para "regular que el salario de los magistrados tenga directa relación con la prestación y función que se ejerza y ratificar que nadie puede cobrar más que el Gobernador".

"En nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías", dijo el gobernador.

"Además, instruiré a la Asesoría de Gobierno que lleve adelante las acciones para declarar la inconstitucionalidad de norma alguna que permita estas designaciones, equiparando a una persona (en este caso Procuradora) a percibir el sueldo de una Juez de Primera Instancia. Como así también, analizar el perjuicio patrimonial provocado al estado, a través de los órganos a los que les correspondan investigar", explicó.

Lo llamativo es que desde el año 2014 se encuentra vigente la ley 8.727 que establece que ningún funcionario, empleado o contratado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrá percibir una remuneración superior a la del Gobernador de la Provincia.

Esta ley, que fue impulsada por el actual Fiscal de Estado Fernando Simón cuando era diputado provincial por el PJ, exceptúa a los funcionarios de rango constitucional como Magistrados, Fiscal de Estado, Asesor de Gobierno, Presidente y Vocales del tribunal de Cuentas, Contador y Tesorero de la Provincia y al Superintendente y Consejeros de Irrigación. Aunque estos últimos fueron excluidos de la excepción a través de la ley 9.176 luego de que se ventilara que Sergio Marinelli, titular de Irrigación, cobraba un haber de $240.000 y que los salarios de otros once funcionarios de la repartición superaban al del entonces gobernador, Alfredo Cornejo.


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