Denuncian abusos por detenciones en comisarías y cárceles de Mendoza

Por Horacio Yacante

A raíz de los la muerte de dos personas que permanecían
privadas de su libertad en una comisaría de Godoy Cruz y en la penitenciaria
Boulogne Sur Mer, miembros de la Comisión Provincial de Prevención de la
Tortura denunciaron graves irregularidades en el sistema de detención
mendocino. Aprehensiones injustificadas, abuso de autoridad, detenciones
prolongadas y dilación en las prisiones preventivas, son algunos de los
ejemplos.

De acuerdo a estimaciones oficiales, alrededor de 4000
personas se encuentran privadas de su libertad en alguna de las cárceles o
colonias penales de la provincia, de las cuales menos de la mitad cuenta con
una sentencia que justifique su reclusión. A éstos, deben sumarse los miles que
son aprehendidos diariamente para averiguación de antecedentes.

Fabricio Imparado, procurador de las Personas Privadas de
Libertad, explicó que “más allá de que no se puede determinar todavía si se
trató o no de suicidios hasta que la Justicia se expida al respecto, no hay que
dejar de observar que se trató de dos muertes de personas inocentes (ninguno
contaba con sentencia), ocurridas en contextos de encierro”. A esto se suma que
ambos se encontraban recluidos bajo condiciones infrahumanas, en calabozos que
no cumplen con las condiciones de sanidad y hacinados.

Una de las modalidades de encierro más comunes es la
empleada por los efectivos de la Policía, al aprehender a personas con o sin
documentos, para averiguar si cuentan con antecedentes o condenas pendientes.
Imparado explica que si bien está prohibido, los policías lo siguen haciendo
como una práctica usual para justificar su labor, “aunque hay pruebas sobradas
de que no tiene ningún efecto en la lucha contra el delito”.

“Este tipo de aprehensiones terminan siendo una demostración
de autoritarismo”, agrega Imparado y explica que “su efecto es solo simbólico,
solo se aplica a la creación de barreras de contención ante guetos o villas
para que la delincuentes no traspasen los límites hacia otros barrios o zonas
residenciales”. A esto se puede añadir un tercer factor, que tiene que ver con
la burocracia propia de un sistema fundado sobre técnicas obsoletas de
contención del delito, basadas en la presencia territorial sin ningún programa
a largo plazo.

Pero la policía no es la única que incurre en irregularidades.
El procurador señaló la labor del Poder Judicial en la falta de reglas claras
para la aplicación de prisiones preventivas para aquellos que se encuentran
procesados por alguna causa, y se encuentran a la espera de un fallo que los
condene o absuelva. “Acá tienen que rever su labor los jueces de garantías, que
son justamente quienes deben velar por la situación de los detenidos, y no
seguir convalidando todo lo que formulan los fiscales”, recalcó el procurador.

Por último, Imparado señaló la necesidad de analizar la
creciente tendencia de los fiscales a realizar detenciones, que en muchos casos
se exceden de los lapsos previstos y terminan reteniendo a personas hasta tres
o cuatro meses. “Se trata de una potestad con la que cuentan para avanzar sobre
una investigación, pero se exceden en su aplicación y terminan llenando
calabozos con personas inocentes ante la ley”, denunció.