Quitarían concesiones a empresas petroleras por falta de inversión

Por Pablo Icardi 

El Gobierno licitó nuevas áreas petroleras con la idea de
aumentar a futuro las reservas y la producción. Pero aún no se logra terminar
el proceso iniciado hace siete años, con la primera ronda de licitación.
Incluso ese camino va a terminar en conflicto: el Estado está a punto de
quitarle la concesión a una empresa y ejecutar multas a otras por falta de
inversión. En el medio hay una fuerte disputa empresaria y política.

 

Gran parte de las pujas tiene que ver con el poder de los
actores. La Provincia está en proceso de quitarle la concesión del área Río
Diamante a la empresa OIl M&S. Se trata de la petrolera del grupo Indalo,
que pertenece al empresario Cristóbal López, fuertemente vinculado con el
Gobierno nacional. Según explican desde el Ejecutivo, esa firma nunca invirtió
lo prometido. Por eso se abrió un expediente que ha circulado por distintos
organismos y está en Asesoría de Gobierno. Sin embargo aseguran que al menos por
ahora está tomada la decisión política de quitarle la concesión. Oil M&S
ganó el permiso para explorar y explotar el área Río Diamante en una licitación
que se hizo dos veces, se inició en 2007 y fue adjudicada por Celso Jaque en
2008. Una de las claves para otorgar la concesión era la promesa de inversión,
cuestión que no fue cumplida.

 

Pero no es el único problema que se arrastra de ese proceso.
La misma empresa Oil debe pagar 700 mil dólares por la garantía de la oferta de
otra área petrolera, Río Atuel, por la que postuló y a la cual renunció cuando
le dieron la concesión. En el mismo sentido está involucrada la empresa Ketsal,
del grupo Vila – Manzano. Esa firma también había ofertado por el área Río
Atuel y de hecho había quedado en primer lugar. Pero renunció a hacerse cargo.
Por eso debía pagar 860 mil dólares como garantía de la oferta, cuestión que no
se hizo. Incluso surgió la posibilidad de “canjear” la deuda con más inversión
en otras áreas, proyecto que no prosperó luego de que se hiciera público.

 

En el Gobierno el tema genera problemas internos y externos.
Técnicamente tienen todo para ejecutar las deudas. Pero analizan los costos
políticos. En el medio está el proceso de la nueva licitación, donde el grupo
Vila – Manzano también participa. Incluso los problemas técnicos que están por
resolverse podría complicarlos en el análisis de los sobres A del nuevo
concurso. Otro actor involuntario del tema es YPF, que quedó asociado a ese
grupo empresario como herencia de la etapa privada.

 

Mañana habrá una reunión clave en Casa Rosada, donde la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará con los gobernadores
petroleros sobre los planes que tienen para la actividad. El eje del debate
está sobre el control de los recursos y la forma de asociarse entre YPF, las
empresas estatales y los inversores extranjeros.