Quieren otorgar un beneficio económico mensual a ex presos políticos mendocinos

Los mendocinos que fueron presos políticos durante el proceso militar tendrán un régimen de pensiones, en caso de que se apruebe el proyecto presentado por el diputado Alejandro Viadana (PJ), con el apoyo de la secretaría de Derechos Humanos del Gobierno provincial.

Los beneficiarios serían para “los hombres y mujeres que entre el 5 de febrero de 1975 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido privados de libertad en condición de civiles, por actos emanados de autoridades militares, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero”.
De acuerdo a los cálculos, el reconocimiento por parte del Estado alcanzaría los 1.900 pesos mensuales y tendría entre 400 y 500 beneficiarios. “Es muy importante destacar que los Derechos Humanos no prescriben y Argentina ha empezado un camino en ese sentido desde 2003, en el que la provincia no puede quedar atrás”, dijo Viadana, quien explicó que se tomó como base iniciativas similares de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Viadana señaló que en ese proceso hubo “ciudadanos avasallados, miles de muertos, desaparecidos y presos”, todas ellas, personas que “defendían una Justicia Social fundada en una sociedad igualitaria, esa tan nombrada independencia económica posibilitadora del manejo de nuestros recursos en función de los intereses nacionales; el respeto de las opiniones, creencias, principios y derechos, todo lo cual afectaba y lesionaba a los que se consideraban privilegiados del país, ‘dueños de la única verdad’”.
Por su parte, Raúl Tagarelli, uno de los integrantes de la Asociación de ex presos políticos, valoró el proyecto que se impulsa “después de 35 años de lucha” y que se da en un momento particular, a 5 años de la desaparición “de nuestro compañero Julio López”.
Subrayó que “somos sobrevivientes de un genocidio que se produjo en la Argentina en el siglo XX”, que se dio “por ocupar un espacio institucional, territorial, que nosotros ocupábamos desde nuestra militancia política en los años 70” en las escuelas, en las universidades, en las comisiones internas de las fábricas, en los sindicatos o en el periodismo.
Para acceder a los beneficios previstos en el proyecto de ley, los interesados deberán haber tenido domicilio real en Mendoza al momento de haber sido privados de la libertad, destacando que el derecho a reclamarlo es imprescriptible y se otorgará desde la fecha de su solicitud.