Quién es el juez que declaró inconstitucional la doctrina Chocobar

Roberto Gallardo cobró celebridad en las últimas horas, luego declarar inconstitucional en la Ciudad de Buenos Aires el reglamento que impulsó el gobierno para que la policía pudiera usar sus armas sin necesidad de avisar.

Acto seguido, se disparó la insoportable grieta argenta, justo por la mitad: unos defendieron su accionar y otros lo repudiaron. Las redes sociales fueron testigos de ese feroz debate, que se dividió mayormente entre kirchneristas y macristas.

La discusión, de repente, ya no tenía que ver con la “mano dura”, la “mano blanda” o la “mano justa” —como gusta decir al indefectible ministro Gustavo Garavano—, sino con la justicia.

Y para coronar la situación, apareció una oportuna denuncia judicial contra Gallardo, por parte del abogado Adrián Bastianes. Según el denunciante, el magistrado habría incurrido en aquello que prevé el artículo 249 del Código Penal: incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y otros supuestos delitos.

De pronto, dejó de importar la polémica por la policía y su potestad para disparar y cobró relevancia la figura de Gallardo. ¿Hizo bien o hizo mal el juez con su medida? No hay una clara respuesta a ese respecto. Cada uno opina desde su propio parecer.

Sin embargo, hay puntuales preguntas que son más gravitantes: ¿Quién es Gallardo? ¿Por qué hizo lo que hizo?

Hay dos postales que permitirán responder, al menos parcialmente, a esos interrogantes. La primera es una foto, en la cual se lo puede ver junto al papa Francisco, en el Vaticano. Ambos sonrientes.

La segunda postal se dejó ver hace justo diez años, en 2008: fue cuando ordenó que no se removieran seis carpas que militantes kirchneristas habían armado frente al Congreso de la Nación, aún cuando existía una orden ad hoc.

Hombre de contradicciones, en estas horas Gallardo no puede explicar por qué hizo lo que hizo respecto de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich.

No por la medida en sí, sino porque, en el marco del G20, el mismo magistrado pidió custodia policial especial por parte de los mismos uniformados a los que hoy cuestiona.