Promueven debate por la quita de sanciones a quienes no voten

Con un siglo sobre sus espaldas, el voto universal, secreto y obligatorio sigue generando debates en la sociedad argentina. En Mendoza, la discusión fue reabierta por legisladores del Frente para la Victoria quienes sostienen que las constantes elecciones se han convertido en una molestia para la gente, por lo que no deberían existir sanciones por no sufragar. Desde el ámbito académico aseguran que el proyecto “roza la inconstitucionalidad”.

Cuando en 1915 y 1916 los convencionales constituyentes mendocinos sancionaron la Constitución provincial incluyeron que el voto, además de ser un derecho, es también una función pública. Este principio había sido fundado unos años antes por el ex presidente Roque Sáenz Peña  cuando, al proponer la Ley 8.871 (de la que fue coautor y hoy se conoce por su apellido), calificó al sufragio obligatorio como “un tratamiento activo destinado a combatir una enfermedad política”.

El constitucionalista mendocino Víctor Ibáñez, quien se desempeña como secretario de Relaciones Institucionales de la UNCuyo, explicó a Diario Vox que “el sistema argentino es obligatorio por una razón histórica”. “Nació como una necesidad de arraigar a los inmigrantes. Sus hijos, al votar, pasaban a formar parte de una comunidad y adoptaban una cultura política y cívica”, agregó.

Con el paso de 105 años (fue promulgada el 10 de febrero de 1912), esos argumentos comenzaron lentamente a ser puestos en tela de juicio por una sociedad que durante 2015 llegó a concurrir hasta siete veces a las urnas. Según el diputado kirchnerista Jorge Tanús esta razón fue la que llevó a que “la gente esté harta de las campañas políticas y de tener que concurrir permanentemente a votar”. “El avance de este engorroso cronograma electoral despierta en el ciudadano un sentimiento de rechazo hacia el acto democrático de votar, afectando de esta forma su legitimidad”, fundamentó.

Como respuesta, el legislador redactó un proyecto de ley que tiene por objeto la eliminación de todo tipo de penalidades, sanciones, cargos, multas y/o discriminaciones públicas o privadas, por la falta de emisión del voto en elecciones provinciales y municipales. “No desconocemos la obligatoriedad del voto pero sí eliminamos todo tipo de sanciones para que la gente racionalmente elija cuándo ir a votar”, afirmó.

Del otro lado del debate, Ibáñez sostuvo que “el que la gente vote mucho no es un argumento constitucional ni jurídico ni político válido”. “Que la gente vote poco o mucho no tiene que ver con la despenalización sino con cómo se establecen los calendarios electorales y la toma de decisión si lo que se pretende es buscar mayor o menor gobernabilidad o más participación. Porque si lo que queremos es lo primero, alcanza con que se voten todos los cargos una sola vez cada cuatro años. Ahora bien, si se buscan más participación, control y votar para ámbitos distintos en momentos diferentes (desdoblar). Hay muchos otros argumentos de análisis”, fundamentó.