Ponen más restricciones al gasto de funcionarios

En medio de un contexto adverso, el Gobierno busca ajustar algunas cuentas y por eso restringen gastos que consideran superfluos y también ordenaron minimizar los ingresos al Estado y la compra de cualquier bien.

Entre las medidas que tomó el gobernador Francisco Pérez en su nuevo plan de austeridad, está la restricción al uso de los teléfonos. Por eso buena parte de los funcionarios y empleados del Estado deberán despedirse de su celular oficial. Pérez determinó que sólo tengan teléfono oficial los ministros, subsecretarios y directores. El resto, según la norma, deben devolver los celulares que tienen. En toda la administración pública hay cerca de 6 mil teléfonos en la red oficial, cuya licitación se hizo hace un par de años. Ahora como parte del plan de ahorro, buscar achicar esos gastos. En realidad no es novedad, pues en la gestión anterior se implementó una política similar cuando las cuentas comenzaron a apretar. “Dispóngase que sólo podrán tener celulares oficiales en el ámbito de la Administración Central el señor Gobernador, los Ministros del Poder Ejecutivo o Secretario con rango de Ministro, los Subsecretarios y Directores”, dice el Decreto, que obliga a devolver los aparatos. “El resto de los agentes públicos que en la actualidad tengan celulares oficiales los deberán reintegrar”, ordena la norma.

En el mismo Decreto Pérez restringe el ingreso de personal, algo que ya había sido dispuesto en años anteriores. Curiosamente hubo un mes de “ventana” en la que la prohibición de ingreso no estuvo vigente pero además Pérez decidió buscar ahorrar recursos luego de aumentar la cantidad de Ministerios.

Una de las justificaciones para el plan de ahorro y la restricción de contrataciones tiene que ver con la necesidad de recursos para cubrir lo que serán los aumentos de sueldos en las paritarias. “Se hace necesario simultáneamente el dictado de normas restrictivas del gasto público, dado que existe la posibilidad de que haya erogaciones imprevistas o mayores a las originariamente consideradas en el presupuesto, como por ejemplo los incrementos salariales generados por acuerdos paritarios”, dice el Decreto.

Como ya se había informado, obligarán a jubilarse a quienes cumplan los requisitos y no se generarán nuevas vacantes. También le pusieron un cepo a los convenios con universidades, facultades y otros organismos no gubernamentales.

En la misma norma se retoma otra política de ayuda a dos empresas nacionales: obligan a todos los funcionarios a viajar solamente por Aerolíneas Argentinas y a que todos los vehículos usen combustibles de YPF.