YPF: el gobierno descubrió filtraciones por parte de empleados y ordenó una "purga"
La Procuración del Tesoro atraviesa una reestructuración interna profunda tras la detección de presuntas filtraciones vinculadas al litigio internacional por la expropiación de YPF.
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Según confirmó un alto funcionario del Gobierno, el titular del organismo, Santiago Castro Videla, "está haciendo una purga" ante la sospecha de que información confidencial fue compartida con fondos que litigan contra la Argentina en tribunales estadounidenses.
La situación desató una investigación interna que podría derivar en despidos y posibles acciones judiciales contra empleados sospechados de haber vendido información estratégica.
"La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares", alertaron desde la administración de Javier Milei, señalando que algunos sectores con acceso a expedientes sensibles habrían vulnerado la reserva de datos críticos.
Entre los focos de sospecha se encuentra el caso de la expropiación de YPF, que tuvo un revés judicial reciente en Estados Unidos, donde una corte de primera instancia falló en contra del Estado argentino, ordenando que integre el 51% de las acciones de la petrolera. El episodio encendió las alarmas en el Ejecutivo, que considera que las filtraciones pueden haber influido negativamente en la estrategia judicial del país.
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La Procuración, compuesta por 242 empleados y con funciones clave en la defensa del Estado, será objeto de un recorte estructural. Se prevé la disolución de varias áreas internas y una revisión profunda de sus mecanismos de seguridad.
La supervisión de áreas sensibles, como asuntos judiciales y dictámenes, recae actualmente en los subprocuradores Julio Pablo Comadira y Juan Stampalija, quienes también intervienen en causas relevantes como la propia expropiación de YPF.
Desde el entorno oficial sostienen que ya se detectaron "varios casos" de difusión no autorizada de información relacionada con apelaciones y estrategias en curso, y que por ese motivo "nos vimos obligados a tomar medidas". Las sospechas también alcanzan a sectores administrativos del organismo, como presupuesto, compras y recursos humanos, donde se reforzarán los controles.
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que retomará su intervención como amicus curiae a favor del reclamo argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, lo que se interpreta como un respaldo diplomático clave para la posición del país en este litigio internacional.
