Vialidad nacional: el gobierno apelará el fallo de la Justicia que suspendió su cierre
El Gobierno nacional confirmó este jueves que presentará una apelación contra la resolución judicial que suspendió el decreto presidencial que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
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La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. "El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional", escribió.
La decisión judicial fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2, en respuesta a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). En su presentación, el gremio cuestionó la legalidad de cerrar el organismo y denunció el impacto negativo que tendría sobre los trabajadores.
En el fallo, de nueve páginas, la jueza Loretta Forns consideró que la aplicación del decreto 461/2025 podía provocar "traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales" en un ente técnico que requiere autonomía para cumplir con sus funciones.
Según la magistrada, existe "riesgo cierto de un daño inminente e irreparable", por lo que resolvió aceptar el amparo sindical y suspender de forma provisional la medida.
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Uno de los puntos clave de la resolución fue el artículo 32 del decreto, que condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas. La jueza advirtió que esta disposición contraviene los convenios colectivos de trabajo vigentes y normas de jerarquía constitucional. "Cualquier medida que altere estas garantías es nula de nulidad absoluta", subrayó.
El decreto presidencial, firmado el 8 de julio, incluía no solo la disolución de Vialidad Nacional, sino también la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas.
Según explicó Adorni, esta reorganización permitiría un ahorro fiscal de 100 millones de dólares anuales, y sus funciones serían asumidas por dos nuevas unidades en el Ministerio de Economía y por la flamante Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Como parte de los argumentos oficiales, Adorni citó el caso de corrupción conocido como "Causa Vialidad", por el que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según el vocero, la Justicia demostró "maniobras fraudulentas" en la adjudicación de contratos públicos y anticipos financieros sin justificación. "No se construyeron las rutas y la plata se la quedaba igual", denunció.
En paralelo, la justicia laboral porteña se declaró incompetente en una presentación similar realizada por el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina. El juez del Trabajo N.º 23, Pablo Candal, resolvió enviar el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal, al considerar que se trata de una cuestión relacionada con la administración pública nacional.
