Una histórica cadena de electrodomésticos fue declarada en quiebra y cierran sus últimas sucursales
La tradicional cadena de electrodomésticos Garbarino, fundada en 1951, fue declarada oficialmente en quiebra por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, lo que marca el final de un proceso concursal que se extendía desde 2021 y sella el cierre de uno de los colapsos empresariales más significativos del comercio minorista argentino en los últimos años.
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La resolución fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D'Alessandro, luego de que fracasara el último intento de rescate de la compañía. Según lo establecido en el fallo judicial, no se alcanzaron las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar una propuesta de continuidad y tampoco avanzó el mecanismo que habilitaba la presentación de ofertas por parte de terceros interesados en hacerse cargo de la empresa.
Sin más posibilidades de rescate: directo a la quiebra
Durante la etapa de salvataje, la única empresa que se inscribió para evaluar una eventual adquisición fue la financiera Vlinder, pero finalmente no presentó una oferta concreta para asumir el control de la compañía. Al mismo tiempo, la propia Garbarino tampoco consiguió reunir el respaldo suficiente de sus acreedores para avanzar con un plan de reestructuración.
Frente a ese escenario, el magistrado aplicó la Ley de Concursos y Quiebras y dispuso la apertura del proceso falencial, lo que implica el inicio formal de la liquidación judicial de los bienes de la empresa.
Cómo continúa el proceso de quiebra
Con la quiebra ya formalizada, Garbarino quedó desapoderada de sus activos y la administración pasó a manos de la sindicatura judicial, que tendrá la tarea de identificar, resguardar y liquidar los bienes para intentar responder a los acreedores.
El tribunal también resolvió mantener la inhibición general de bienes y ordenó notificar a los registros de propiedad inmueble, automotor y de marcas para detectar posibles activos vinculados a la empresa. Además, se investigarán participaciones societarias en Tierra del Fuego, donde Garbarino intervenía en compañías dedicadas a la producción de electrónica.
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Al mismo tiempo, la Justicia dispuso medidas sobre la conducción de la empresa, integrada por el presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales. Entre las disposiciones se incluyó la inhabilitación para ejercer el comercio, la prohibición de salir del país al menos hasta octubre de 2026 -fecha prevista para la presentación del informe general de la sindicatura-, el cierre de cuentas bancarias y la restricción para realizar pagos o transferencias de bienes sin autorización judicial.
Últimas sucursales clausuradas
El tribunal también ordenó el cierre de los últimos locales que aún permanecían abiertos. En principio serían tres sucursales: una ubicada sobre la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano; otra en la calle Uruguay, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires; y un outlet en el barrio de Almagro. La sindicatura quedó autorizada incluso a allanar domicilios y solicitar el uso de la fuerza pública si fuera necesario para resguardar los bienes y elaborar el inventario correspondiente.
En paralelo, se abrió el proceso de verificación de créditos. Bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores tendrán tiempo hasta el 24 de junio de 2026 para presentar sus reclamos ante la Justicia.
