Tras más de dos años de tensión, el Gobierno y las universidades alcanzaron un acuerdo
Luego de más de dos años de conflicto por el financiamiento del sistema universitario, el Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas lograron un acuerdo que apunta a descomprimir una de las disputas más prolongadas del sector educativo.
La oposición redobló las críticas contra Adorni y exige que presente su declaración jurada
El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% para docentes y trabajadores universitarios, que se aplicará en dos etapas: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según lo pactado, parte de ese ajuste busca compensar pérdidas acumuladas durante 2024 y 2025, además de la caída del poder adquisitivo registrada hasta mayo de este año.
La propuesta también incorpora el compromiso oficial de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo terreno frente a la inflación durante 2026. En paralelo, se prevé una nueva instancia de negociación paritaria con los gremios para avanzar en aspectos pendientes.
Otro de los puntos destacados del acuerdo es el aumento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas clave para el desarrollo productivo y científico del país. Además, se confirmó una partida extraordinaria de $50.000 millones para el funcionamiento de hospitales universitarios.
Las conversaciones también abordaron la situación de los docentes de establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que provocó una importante pérdida de ingresos en los últimos años.
La contundente decisión de Adorni por la investigación de su patrimonio
Pese al avance logrado en materia presupuestaria y salarial, el conflicto institucional no quedó completamente cerrado. Los rectores ratificaron que continuarán con la demanda judicial vinculada a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada y ratificada por el Congreso que todavía no se implementa plenamente.
De esta manera, el acuerdo representa un paso importante para normalizar la relación entre el Gobierno y las universidades públicas, aunque algunos de los reclamos estructurales del sistema universitario seguirán abiertos en el ámbito judicial y político.
