Sospechas por el rol de la Aduana en causas que estaban a cargo del juez Bento
Esta semana el juez Eduardo Puigdéngolas procesó a su par mendocino Walter Bento, y a otros 23 implicados, en la resonante causa donde se acusa al juez federal de liderar una banda que se dedicaba a pedir coimas a cambio de favores judiciales. Entre los acusados también está su esposa, Marta Boiza, cinco abogados, un policía provincial, excontrabandistas y exnarcotraficantes.
Corrupción en la Justicia: qué dijo Bento sobre las acusaciones que caen sobre él
A medida que avanza la investigación, también comienza a quedar en evidencia la enorme red de relaciones que Bento ha construido a lo largo de sus años en función. En ese marco, la posibilidad de probar connivencia en actos delictivos o responsabilidad en irregularidades institucionales, no solo recaen en la figura del juez, sino que además, la investigación comienza a ampliar el manto de sospechas sobre otras áreas.
En ese contexto aparece muy cuestionado el rol que ha tenido la delegación local de AFIP-DGA en causas que estaban a cargo de Bento. Una de ellas, la causa FMZ 19016/13 caratulada: "Iñíguez Fazio Juan Carlos y otros, s/av. por infracción a ley 22415 (Código Aduanero)" donde la AFIP-DGA se presentó como querellante.
Según se desprende del expediente, el 24 de julio de 2014 la defensa de Rosa Isabel Fernández, representada por el letrado Jorge Omar Miranda, investigado y procesado a la fecha en la causa de Bento, solicitó su sobreseimiento y, en subsidio, falta de mérito y/o cambio de calificación y su inmediata excarcelación. Pedido que fue aceptado por el juez en fecha 5/8/2014 según fojas 1528 / 1523 del expediente judicial.
Juez Bento: Procesado, embargado y con prisión preventiva
Lo que llama la atención no es sólo la ahora cuestionada decisión del juez, sino que el Área de investigaciones de la AFIP/DGA local, en su carácter de querellante, no apeló el fallo a pesar que desde el inicio formó parte de la prevención (investigación) y además ya era querellante desde hacía tiempo en dicho expediente.
Algo similar ocurrió en la causa FMZ35072/16/T01 caratulada: "Rodríguez Núñez José y otros s/av. infracción Ley 22415" donde la sede mendocina de AFIP-DGA también actuaba como querellante. En la misma consta que en fecha 18 de septiembre de 2018 el imputado Javier E. Nasi Pereira, representando por el letrado Luciano E. Ortego -ambos ahora investigados y procesados en la causa Bento- obtuvo una falta de mérito y su inmediata excarcelación. Llamativamente, la AFIP-DGA, recién se presentó como querellante el día 5/10/2018 cuando Nasi Pereira ya había sido beneficiado, pese a conocer la existencia de esta causa desde sus inicios.
¿Casualidad, negligencia o connivencia?
Lo cierto es que luego esta resolución se retrotrajo y los beneficios que había obtenido la defensa de Nasi fueron revocados, producto de la apelación del Fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones en fecha 23/11/2018.
Otra situación que resulta irregular en esta cusa, es que el Tribunal citó como testigos a personas que habían actuado en las diligencias judiciales invocando una representación (aduanera) que no tenían, y nuevamente la AFIP-DGA local nada dijo. Respecto a ello, no se han observado que se hayan iniciado las correspondientes averiguaciones administrativas y/o judiciales.
Este y otro tipo de situaciones, podrían considerarse al menos irregulares, ya que en principio violan u omiten la Instrucción General ADIF N° 2/2017, que dispone que los abogados de AFIP-DGA, en su rol de querellante, tienen indicación de apelar toda resolución judicial contraria a los intereses del Fisco, salvo opinión jurídica fundada (previa y escrita emanada por el Superior) que avale el no impulso de la acción.
Según fuentes consultadas por Vox Populi, este tipo de irregularidades en causas importantes donde la AFIP-DGA debería haber tenido un rol más activo, dejan en evidencia algunos puntos que ahora podrían ser centrales en la estructura de acusaciones que se le imputan al juez Bento, ya que podrían haber contribuido a la escalada de actos injustificados que ahora se investigan.
