Revés para Javier Milei: el veto a la ley de emergencia en discapacidad fue declarado inconstitucional
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró este lunes la inconstitucionalidad del veto presidencial de Javier Milei a la ley 27.793 de emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el pasado 10 de junio.
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El magistrado resolvió "hacer lugar parcialmente a la acción de amparo" presentada por una familia con dos hijos menores con discapacidad y sostuvo que "el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias".
En el fallo, González Charvay remarcó que los afectados por la medida "son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (artículo 75 inciso 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial".
Posibles apelaciones del Ejecutivo
Aunque el Gobierno nacional puede apelar la resolución, se trata del primer fallo judicial que anula los efectos del veto presidencial en esta materia. La decisión abre la posibilidad de que se presenten nuevos amparos en distintos tribunales del país.
El Ejecutivo había justificado el veto al asegurar que la norma, junto a otras leyes aprobadas por la oposición, generaba un gasto adicional superior a 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin precisar las fuentes de financiamiento.
Sin embargo, el juez consideró que el decreto presidencial desconocía los lineamientos del artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y violaba compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos con jerarquía constitucional.
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El fallo también desestimó el argumento del "equilibrio fiscal innegociable" vinculado al Pacto de Mayo, al subrayar que ninguna política pública puede vulnerar obligaciones constitucionales y convencionales, ni generar efectos regresivos en materia de derechos humanos.
Finalmente, González Charvay advirtió: "La interrupción abrupta de los procesos educativos y terapéuticos especializados compromete severamente el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores, quienes requieren atención interdisciplinaria continua para alcanzar su máximo potencial".
