Reforma laboral: los cambios que sumó el Gobierno tras negociar con gobernadores y gremios
Tras semanas de intensas negociaciones con gobernadores y representantes sindicales y empresariales, el Gobierno introdujo modificaciones sustanciales al dictamen de la reforma laboral.
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Los cambios alcanzan aspectos centrales del proyecto original y abarcan desde exclusiones sectoriales hasta nuevas reglas sobre antigüedad, remuneraciones, fondos laborales y servicios esenciales.
En cuanto a los sectores excluidos, el texto ya exceptuaba a contrataciones de transporte y flete y a dependientes de la Administración Pública Nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
Con las nuevas incorporaciones, también quedan fuera el personal embarcado comprendido en el régimen de la Ley de Navegación, "sin perjuicio de las normas de las Convenciones Colectivas de Trabajo que resulten aplicables", y las "personas privadas de libertad en contexto de encierro".
Respecto de la antigüedad, se estableció que si transcurren dos años entre el cese de la relación laboral y el reingreso del trabajador a la misma actividad con el mismo empleador, "la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada".
En materia de cuenta sueldo, pese al impulso de las fintech para habilitar billeteras virtuales, se mantuvo la centralidad bancaria.
La modificación prevé que la entidad designada no deba cumplir con requisitos que establezca el Banco Central, aunque no se avanzó en una desregulación total.
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También se introdujeron cambios en licencias por enfermedad o accidente no laboral. En esos casos, el trabajador percibirá el 50% del salario, o el 75% si la imposibilidad no deriva de una actividad voluntaria y consciente, durante los plazos vigentes.
El proyecto diferencia además entre grandes empresas y pymes en el pago de sentencias laborales: seis cuotas para las primeras y hasta doce para las segundas. En los Fondos de Asistencia Laboral se fijan contribuciones obligatorias del 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes, con posibilidad de incrementos sujetos a aprobación legislativa.
Se amplía la definición de servicios esenciales, incorporando "al cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial", además del transporte de caudales y seguridad privada.
Se aclara que "Las fuerzas de seguridad en ningún caso podrán brindar una cobertura menor al cien por ciento (100%) de la prestación normal de su servicio".
Desde 2028, si se aprueba la ley, "no podrá imponerse el pago de cuotas, aportes o contribuciones sindicales a trabajadores sin su consentimiento individual, otorgado en forma previa y expresa", el cual podrá ser revocado en cualquier momento.
