Motosierra en el mundo del vino: los motivos por los que Milei quiere reestructurar el INV
El plan de ajuste impulsado por el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con la reestructuración de siete entes vinculados a la agroindustria. Entre ellos, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con sede central en la Ciudad de Mendoza, fue uno de los organismos más afectados.
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Según comunicó el Ministerio de Economía, el INV dejará de ser un ente autárquico y pasará a depender administrativamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Aunque mantendrá su denominación original, el Instituto quedará reducido a una "unidad organizativa", sin autonomía presupuestaria ni capacidad de fiscalización plena como hasta ahora. Esta decisión forma parte de un paquete de reformas que también alcanza al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), al INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y otros organismos clave del entramado productivo nacional.
El Gobierno justificó la medida alegando que el INV "ha desplegado una excesiva actividad fiscalizadora en la cadena productiva, ejerciendo controles redundantes e innecesarios que generan sobrecostos, burocracia y distorsiones". En ese sentido, el comunicado oficial subrayó que la actual estructura "afecta la competitividad de la industria, en especial de pequeños productores", por lo que se decidió avanzar con una reconfiguración administrativa y operativa del organismo.
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Actualmente, el INV cuenta con una planta de 459 trabajadores distribuidos entre su sede central en Mendoza y distintas delegaciones a lo largo del país, con un presupuesto anual estimado en 12.120 millones de pesos. Este número se encuentra ahora en la mira del ajuste comandado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La única función que conservará el INV sin alteraciones es la certificación de calidad de los vinos para su exportación, un proceso que -según Economía- "es valorado en los mercados de destino". Sin embargo, este control ya no será obligatorio, sino que se realizará a pedido del productor o bodeguero que lo solicite, modificando así el carácter obligatorio que tenía hasta el momento.
La medida despertó preocupación en sectores del sector vitivinícola, que advierten por el debilitamiento de los controles técnicos y sanitarios y por el impacto que podría tener en la trazabilidad y reputación del producto argentino en mercados internacionales. Por el momento, desde el INV no se emitió un pronunciamiento oficial respecto al recorte.
