La Justicia detectó nuevos viajes de Manuel Adorni y crece la investigación por sus gastos
La causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas nuevos movimientos y profundizó las sospechas sobre su patrimonio y nivel de gastos personales.
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Según trascendió en el expediente judicial, la investigación incorporó dos viajes realizados por el funcionario a Gualeguaychú durante fines de semana entre 2024 y 2025.
De acuerdo con la documentación analizada por la Justicia, Adorni habría permanecido en esa ciudad entrerriana entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024 y luego entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025.
En ambas oportunidades, el funcionario habría reservado dos habitaciones dobles en un exclusivo hotel de campo y realizado pagos en efectivo que alcanzarían los $2.350.000.
Los desembolsos quedaron ahora bajo análisis judicial para determinar si guardan relación con los ingresos y bienes declarados oficialmente por el exvocero presidencial.
Las reservas fueron realizadas en el Bolacuá Hotel Club de Campo, un complejo all inclusive ubicado a pocos minutos de Gualeguaychú que ofrece servicios premium, actividades recreativas y propuestas deportivas.
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Según versiones difundidas previamente por medios locales, una de las visitas habría estado acompañada por un pedido especial de "reserva total" sobre la estadía del funcionario.
La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, ya venía siguiendo otros viajes y gastos atribuidos a Adorni, entre ellos estadías en San Carlos de Bariloche, Aruba y Punta del Este.
Además, la fiscalía solicitó información sobre vuelos, hoteles y operaciones financieras vinculadas tanto al funcionario como a su esposa, Bettina Angeletti.
Entre las medidas dispuestas, también se requirieron datos al hotel Llao Llao Hotel & Resort para obtener precisiones sobre otra estadía registrada en junio de 2024.
En paralelo, bancos y plataformas vinculadas al ecosistema cripto recibieron pedidos oficiales para informar si Adorni o su entorno poseen cuentas, tarjetas o billeteras virtuales.
La causa continúa avanzando mientras la Justicia intenta determinar si el patrimonio y el estilo de vida del funcionario son compatibles con sus ingresos declarados.
