Los principales puntos de la nueva reforma laboral que propone el Gobierno
El Gobierno nacional avanza con un nuevo proyecto de reforma laboral incluido en la "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo", iniciativa que busca flexibilizar ciertos aspectos de la relación entre empleadores y trabajadores, al tiempo que otorga beneficios fiscales para fomentar la contratación y la inversión productiva.
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El texto, impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y a la negociación colectiva. Entre los puntos más controvertidos que regresan al debate público figuran el banco de horas en reemplazo de las horas extra, la pérdida de vigencia automática de los convenios colectivos al vencer (eliminando la ultraactividad) y la declaración de ilegalidad de ciertas acciones sindicales que afecten el funcionamiento normal de las actividades.
Asimismo, el proyecto limita el derecho de huelga en aquellas tareas consideradas esenciales, una definición que abarca un amplio espectro de servicios públicos y actividades del sector productivo.
CAMBIOS PROPUESTOS EN LA RELACIÓN LABORAL
El proyecto amplía las facultades empresariales para modificar tareas, métodos de producción o jornadas laborales, "siempre que no se afecten derechos esenciales del trabajador ni se configure abuso de autoridad". Además, habilita que los convenios colectivos puedan definir sistemas de compensación de horas, esquemas de trabajo más flexibles y adaptaciones vinculadas a avances tecnológicos o cambios en los procesos productivos.
Entre los puntos más discutidos figura también la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas, la posibilidad de abonar parte del salario mediante vales o tickets, y el pago de indemnizaciones o multas judiciales en hasta 12 cuotas.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, sostuvo que la propuesta busca "modernizar las relaciones laborales", y adelantó que se prevé revisar los convenios colectivos vigentes, eliminar los aportes obligatorios y poner fin a la ultraactividad.
BENEFICIOS FISCALES Y RÉGIMEN DE INCENTIVOS
La ley contempla además un bono de crédito fiscal aplicable a las contribuciones patronales al sistema previsional. Las empresas que incorporen nuevos empleados durante los primeros 18 meses de vigencia accederán a beneficios proporcionales a su tamaño: microempresas (100%), pymes (75%), medianas (50%) y grandes (25%).
También se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a fomentar la radicación de capital en infraestructura, bienes de capital y tecnología industrial. El programa ofrece amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada del IVA sobre bienes de capital y exige inversiones mínimas que van de US$ 3,5 millones a US$ 9 millones, según el tipo de proyecto.
Por último, la iniciativa habilita la negociación salarial por empresa y la conformación de remuneraciones basadas en criterios de productividad, un punto que genera debate entre los sindicatos y el sector empresario.
