La maniobra del Gobierno para suspender el fallo de YPF

Argentina pidió suspender el fallo de Preska por YPF y advirtió que la entrega de acciones viola la ley nacional.

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó dos escritos ante el juzgado de la jueza Loretta Preska, en Estados Unidos, solicitando la suspensión del fallo que condena al Estado argentino a pagar US$ 16.000 millones por la nacionalización de YPF. El planteo se apoya en una serie de argumentos jurídicos, económicos y políticos que cuestionan la validez y la ejecución inmediata del fallo.

Uno de los puntos centrales de la presentación es que la entrega del 51% de las acciones de YPF, tal como exige la sentencia, viola la legislación argentina, ya que dicho traspaso no puede realizarse sin la aprobación del Congreso, según establece la ley vigente.

Además, el Gobierno advirtió que la transferencia forzada de ese paquete accionario implicaría perder la participación mayoritaria en la empresa, lo que desencadenaría un cambio de control societario y la activación de cláusulas que perjudicarían a los accionistas, incluyendo provincias y bonistas.

La defensa del Estado remarcó que este no es un caso comercial ordinario, sino un litigio inédito que presenta complejidades jurídicas aún no abordadas por cortes superiores en Estados Unidos. Por ello, se argumentó que hay altas probabilidades de que el fallo sea revisado o revertido en instancias de apelación.

La Procuración también señaló que la sentencia de Preska es controvertida a nivel local e internacional, ya que plantea conflictos con el derecho internacional.

Otro punto clave del reclamo argentino es que los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían perjuicios concretos si se suspende la orden, mientras que una ejecución inmediata podría afectar a terceros ajenos al litigio, como las provincias dueñas de acciones de YPF y los tenedores de bonos de la empresa.

Finalmente, el Estado objetó el intento de forzar la transferencia de las acciones mediante un nuevo contrato de custodia en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, lo cual fue considerado jurídicamente inválido por el Gobierno argentino.

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