El inesperado pedido del gobierno de Milei a la Justicia de EE.UU en el caso YPF

Desde el oficialismo pidieron a la jueza Preska que reconsidere su pedido de entregar los mails de Luis Caputo y Massa.

El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que reconsidere su decisión de exigir la entrega de comunicaciones privadas, incluidas conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos, del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. La medida judicial se enmarca en el millonario juicio por la expropiación de YPF, iniciado por fondos especulativos como Burford Capital.

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La petición del Ejecutivo sostiene que el Estado argentino no tiene acceso a los dispositivos requeridos, dado que pertenecen a personas físicas y no forman parte del patrimonio estatal. "Obviamente, no le pertenecen", argumentaron desde la Procuración del Tesoro, que cuestiona el alcance inédito del requerimiento judicial estadounidense.

Preska había avalado días atrás el pedido de los demandantes para acceder a comunicaciones de altos funcionarios de las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández. En su resolución, incluyó no solo a Caputo y Massa, sino también a otros integrantes clave de ambos gobiernos.

El caso se originó a raíz de la estatización de YPF durante el kirchnerismo, y actualmente se encuentra en la fase de "discovery", una etapa del proceso judicial en la que las partes deben intercambiar pruebas. Sin embargo, desde Argentina consideran que la solicitud sienta un precedente riesgoso para la confidencialidad de las comunicaciones oficiales.

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La Procuración ya había adelantado la semana pasada que analizaba alternativas para apelar la medida, calificándola como un "discovery sin precedentes". La solicitud actual busca frenar la entrega de material considerado sensible, al tiempo que se evalúan nuevas estrategias legales frente a un juicio que podría costarle al país miles de millones de dólares.

Mientras tanto, el litigio por la nacionalización de la petrolera continúa avanzando en la justicia estadounidense, con fuertes implicancias económicas y políticas para el país.

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