El Gobierno transforma el INV y será absorbido por el Ministerio de Economía

En el marco del paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo, el Gobierno nacional publicará en las próximas horas un nuevo decreto en el Boletín Oficial que modifica profundamente la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en lo que será el último cambio realizado bajo las facultades delegadas por la Ley de Bases.

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El decreto establece que el INV dejará de ser un organismo autónomo y pasará a funcionar como una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Aunque mantendrá su nombre y la potestad de emitir certificaciones vitivinícolas para la exportación, perderá su autonomía operativa, lo que representa un giro institucional significativo para uno de los entes más emblemáticos del sector agroindustrial argentino.

Desde el Gobierno justifican la medida señalando que, tras la desregulación de 1991, el INV quedó reducido a funciones de control y verificación consideradas "obsoletas" e "ineficientes". En este sentido, se busca reconvertir el organismo bajo un perfil más técnico, con mayor participación privada y menos burocracia estatal.

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Uno de los principales cambios es que los controles oficiales sobre la producción vitivinícola ya no serán obligatorios durante todo el proceso, sino que se concentrarán al final de la cadena productiva, priorizando aspectos como la calidad y la inocuidad. Este nuevo esquema se asemeja al modelo chileno, y deja atrás el sistema actual, que incluye inspecciones en campo y en bodega.

Desde el sector productivo local, algunos actores valoraron la simplificación del esquema burocrático, que hasta ahora requería la intervención de gestores especializados para la mayoría de los trámites ante el INV.

Además del INV, otros seis organismos estatales serán reestructurados por considerarse sobredimensionados o con funciones superpuestas, aunque aún no trascendieron todos los nombres involucrados.

Esta decisión se enmarca en una política de reorganización del Estado que apunta a reducir costos, aumentar la eficiencia administrativa y promover una mayor participación del sector privado en los controles y certificaciones de calidad.