El Gobierno nacional dio de baja a más de 4.500 planes Potenciar Trabajo: eran de empleados públicos

La decisión se tomó a raíz de una investigación. Mendoza quedó como una de las provincias que quedó enredada en las irregularidades.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tomó la decisión de anular 4.588 planes Potenciar Trabajo tras descubrir que los beneficiarios eran empleados públicos.

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La medida surge a raíz de una investigación liderada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien cotejó las bases de datos del programa, ahora bajo el control de la nueva cartera de Capital Humano, con las nóminas de empleados públicos de 14 provincias.

Diferenciándose de la gestión anterior encabezada por la ex ministra Victoria Tolosa Paz, imputada previamente por no dar de baja a beneficiarios que no cumplían con las normativas, Pettovello optó por dar de baja aquellos planes asociados a empleados públicos. La investigación abarca, por el momento, 14 provincias, incluyendo Mendoza.

Además, la ministra ordenó una "auditoría de cero" para evaluar la situación actual del programa, considerando que la información dejada por la Secretaría de Economía Social, anteriormente a cargo de Emilio Pérsico, es limitada y poco confiable. La revisión abarca distintos aspectos del programa Potenciar Trabajo, cuya administración estuvo bajo la responsabilidad de Pérsico durante toda la gestión del Frente de Todos.

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El fiscal Marijuan, en noviembre, solicitó las bases de datos de trabajadores estatales de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cruzar la información con el padrón del plan social. Sin embargo, algunas provincias aún no han respondido y fueron intimadas por segunda vez.

En su investigación preliminar, Marijuan acusa a los involucrados de llevar a cabo "maniobras ilícitas" que podrían constituir el delito de "defraudación contra la Administración Pública"

Asimismo, señala a funcionarios públicos nacionales y provinciales cuyas acciones u omisiones habrían permitido estos fraudes, posiblemente encuadrando en el delito de "violación de los deberes de funcionario público".

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