El Gobierno denunció a más de cien mil titulares de planes sociales por lujosos gastos

La cartera gubernamental denunció a los "infractores" e incluyó a la AFIP para descubrir los gastos que tuvieron los señalados.

La administración encabezada por Javier Milei en el Gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia contra varios beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que, según registros migratorios, estuvieron fuera de Latinoamérica por más de un mes entre 2020 y 2023, viajando en cruceros o aviones

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La presentación fue realizada ante el fiscal Eduardo Taiano por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, quien estuvo recopilando esta información desde la gestión de Alberto Fernández.

Según Leila Daniela Gianni, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, un informe cruzando datos de Migraciones con los beneficiarios del Potenciar Trabajo reveló que entre marzo de 2020 y diciembre de 2023, 122.600 titulares activos aparecieron en los registros migratorios.

En detalle, el informe señala que 22.501 titulares activos del plan Potenciar Trabajo están relacionados con al menos alguno de tres criterios analizados: 85 titulares viajaron fuera de Latinoamérica, 2939 tomaron aviones o cruceros, y 14.695 estuvieron fuera por más de 30 días. Además, 4782 beneficiarios registraron más de un criterio.

En febrero de 2024, los montos del programa Potenciar Trabajo se mantienen en 78.000 pesos por beneficiario, sin cambios desde diciembre de 2023 y enero de 2024.

Las sospechas apuntan a que personas con empleo formal registrado, prófugos de la justicia y titulares de locales comerciales o arrendatarios podrían estar percibiendo el Potenciar Trabajo.

Ante estas irregularidades, Taiano solicitó informes a la AFIP y al Banco Central sobre la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia o cajero. 

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El Gobierno ya dio de baja 4.588 planes en diciembre pasado debido a empleados públicos que no cumplían con las normativas del programa. 

Durante la gestión de Alberto Fernández, Pérsico y Tolosa Paz fueron imputados por no dar de baja a beneficiarios que recibían el plan social de manera irregular. Entre las revelaciones, se destaca que 160.000 personas viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.

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