El Gobierno declarará la Emergencia Ígnea por DNU en cuatro provincias patagónicas
El Gobierno nacional anunció que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea en cuatro provincias patagónicas, en respuesta a la gravedad de los incendios forestales y a los efectos de la crisis climática que afectan a la región. La decisión fue confirmada este jueves por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.
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La definición se adoptó tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde el Ejecutivo resolvió avanzar por decreto para atender el reclamo de los gobernadores de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, que venían solicitando una declaración de emergencia con carácter urgente.
El pedido de las provincias había sido elevado al Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias, con el argumento de que la magnitud de los focos ígneos y su impacto sobre comunidades, infraestructura y recursos naturales requieren recursos adicionales y herramientas excepcionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las zonas afectadas.
La decisión del DNU se produce, además, en un contexto político sensible, atravesado por las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales por la reforma laboral, una de las iniciativas que el Gobierno busca impulsar durante febrero en el Parlamento.
La reunión clave estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Participaron también la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se sumó de manera virtual.
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En paralelo al anuncio del DNU, el Ministerio de Seguridad dispuso una asignación de $129.244 millones para reforzar el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y tareas de fiscalización.
"La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil", informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.
La resolución, firmada por la ministra, establece la transferencia de $100.810.319.998,50 a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado. Los fondos estarán destinados a la compra de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil.
Con estas medidas, el Gobierno busca acelerar la respuesta frente a un escenario de emergencia que, según advierten las provincias del sur, podría agravarse en los próximos meses si persisten las condiciones climáticas adversas.
