El Gobierno celebró la aprobación de pliegos judiciales, pero analiza alternativas para frenar la asunción de una jueza cuestionada
A pesar de las controversias que rodearon el debate en el Senado y de las diferencias expuestas dentro del oficialismo, el Gobierno nacional buscó instalar una lectura positiva de la aprobación de 74 pliegos judiciales, una decisión que considera clave para avanzar en la normalización del sistema judicial.
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Desde la Casa Rosada destacaron la sesión parlamentaria como un paso relevante en el proceso de cobertura de vacantes y fortalecimiento institucional. La postura fue respaldada por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia, quienes remarcaron la importancia de avanzar en la designación de magistrados para reducir los cargos vacantes en distintos tribunales del país.
Sin embargo, detrás del discurso oficial quedaron en evidencia las tensiones generadas por la aprobación del pliego de Verónica Michelli, una de las postulaciones que había sido objetada por el Gobierno. La magistrada había quedado bajo la lupa del oficialismo por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, circunstancia que motivó el intento del Ejecutivo de excluir su nombramiento junto al de otros candidatos.
La situación derivó en un nuevo foco de conflicto interno dentro de La Libertad Avanza. Durante las negociaciones previas a la votación afloraron diferencias entre distintos sectores del oficialismo respecto de la estrategia a seguir, lo que dejó al descubierto discrepancias en la conducción política del espacio.
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Tras la aprobación de los pliegos en el Congreso, el Ejecutivo puso en marcha una estrategia para bajar el tono de la disputa y transmitir una imagen de unidad. No obstante, en los despachos oficiales comenzaron a circular distintas alternativas jurídicas y administrativas destinadas a impedir o demorar la asunción de Michelli.
La aprobación de su candidatura fue interpretada por sectores del Gobierno como un revés político, ya que la Casa Rosada había impulsado activamente su exclusión. Por ese motivo, el oficialismo analiza ahora los pasos a seguir para sostener su posición sin profundizar la confrontación institucional.
Mientras tanto, la designación de los nuevos magistrados quedó formalmente encaminada, aunque el caso de Michelli continúa generando interrogantes y podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Senado.
