El Gobierno apeló el fallo que ordena aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ordenaba la ejecución inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad en todo el territorio argentino. El recurso fue elevado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, luego de que el magistrado Adrián González Charvay dispusiera la aplicación plena de la norma, vigente hasta fines de 2027.
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Desde la administración central plantearon que la resolución del juez "interfiere con las facultades del Poder Ejecutivo" al imponer la obligación de realizar un gasto sin definir cómo será financiado, lo que, según señalaron, pone en riesgo el equilibrio fiscal. Con la firma del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, el Gobierno presentó una apelación por "causar agravio al Estado Nacional", insistiendo en que la decisión judicial condiciona la política presupuestaria del Ejecutivo.
González Charvay había declarado nulo el artículo 2 del decreto presidencial 681/2025 y ordenó la "inmediata aplicación" de la ley, a la vez que concedió la apelación "con efecto devolutivo", es decir, manteniendo vigente el fallo mientras la Cámara revisa la causa. Además, otorgó al Estado un plazo de cinco días para fundamentar el recurso.
Desde el Ejecutivo sostienen que, aunque la ley fue promulgada, su ejecución quedó suspendida porque fue aprobada sin definir las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir costos vinculados a tratamientos, prestaciones y servicios. Según argumentan, esa omisión vuelve inviable su implementación y afecta la administración del gasto público y la meta de equilibrio fiscal.
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El Gobierno remarcó que la Justicia avanzó sobre atribuciones propias del Ejecutivo al intervenir en la elaboración del presupuesto. La causa se originó a partir del amparo presentado por dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, afectadas por la suspensión de tratamientos y servicios.
El Juzgado Federal de Campana sostuvo en su sentencia que los derechos constitucionales a la salud, la rehabilitación y la educación deben primar sobre las restricciones presupuestarias, recordando compromisos internacionales asumidos por el país. Ahora, la definición final sobre la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín.
