El gasto en inteligencia creció 52% en 2025 mientras se profundizaron los recortes en áreas sociales

Un informe privado advirtió que la fuerte contracción presupuestaria en salud, educación, ciencia y obra pública compromete la continuidad de políticas públicas esenciales.

El gasto destinado a inteligencia aumentó un 52% en 2025 en comparación con 2023, en contraste con una fuerte caída en partidas clave como salud, educación, desarrollo social, ciencia, transporte y obra pública. Así lo señaló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional.

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Según el reporte, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el gasto total del Estado registró una baja real interanual del 29% frente a 2023, lo que refleja, en palabras del propio documento, un "ajuste significativo en áreas sensibles". Dentro de ese panorama general, se destacó el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia, como uno de los pocos rubros con expansión real del presupuesto.

CEPA subrayó además que los servicios de deuda pública concentran el 8% del gasto total, manteniendo "un peso relevante en la estructura presupuestaria", mientras el resto de los organismos enfrenta reducciones generalizadas.

En el área de salud, los recortes alcanzaron niveles críticos. La Superintendencia de Servicios de Salud cayó un 72%; los hospitales nacionales, entre 20% y 42%; el Instituto Malbrán, 26%; y la ANMAT, 25%. El Hospital Nacional Laura Bonaparte registró una baja del 38%, mientras que el INCUCAI fue la excepción, con un aumento del 24%. 

El informe alertó sobre "programas virtualmente paralizados", como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Patologías Específicas (-88%) y Prevención de Enfermedades Endémicas (-71%).

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La contracción también impactó en el sistema científico y tecnológico. El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación se redujo un 82%, el CONICET un 32%, la CONAE un 19% y el Servicio Meteorológico Nacional un 34%, entre otros organismos afectados.

En educación, los programas centrales muestran ejecuciones casi nulas. Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron recortes del 100%, mientras que las becas estudiantiles cayeron 78%, la formación docente 75% y la infraestructura universitaria 37%.

El área de obra pública y transporte figura entre las más golpeadas, con caídas que van del 74% al 100%. Entre los programas con mayores retrocesos se encuentran Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas (-98%), Desarrollo de Obra Pública (-93,5%) y obras en la cuenca Matanza-Riachuelo (-92%). A ello se suman fuertes reducciones en las transferencias del Tesoro a provincias y municipios, que en algunos fondos llegaron al 100%.

También se registraron recortes en desarrollo social, con la virtual eliminación de programas como Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), así como en organismos productivos, energéticos y en las fuerzas de seguridad y armadas.

A modo de conclusión, el centro de estudios sostuvo que "la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria", lo que está "afectando programas clave". Y advirtió que "la magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante".

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