El desesperado pedido de Milei a Estados Unidos sobre el fallo de YPF
La Casa Rosada solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que obliga al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, en el marco del juicio impulsado por el fondo Burford Capital. El objetivo central de la medida es evitar que se ejecute la sentencia mientras se desarrolla el proceso de apelación.
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La Procuración del Tesoro presentó un pedido de medida cautelar -el equivalente a un stay en la legislación estadounidense- que permita extender los plazos jurídicos. Si Preska rechaza esa solicitud, el Gobierno apelará directamente ante la corte de segunda instancia.
"No se negociará con Burford hasta que no haya una resolución definitiva", aseguran fuentes oficiales. La entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado es vista como "un daño irreparable".
Desde el Ejecutivo también consideran que hay fundamentos legales para impugnar el monto de la sentencia. Según esa línea de defensa, el cálculo actual podría reducirse drásticamente e incluso quedar en "algunos cientos de millones" de dólares.
La estrategia se apoya en cuestionamientos al método de valorización usado por la jueza Preska, quien dolarizó la indemnización pese a que el estatuto de YPF fija una fórmula en pesos.
En paralelo, el Gobierno sostiene que la sentencia es de cumplimiento "imposible" en su estado actual. "Las acciones en juego no son de sencilla transferencia, y un eventual pago previo a una sentencia firme sería irrecuperable si luego se revierte el fallo", explican.
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Apuestan así a ganar tiempo: la hipótesis de máxima es que la ejecución pueda retrasarse hasta que concluya el proceso de apelación, lo que permitiría evitar un desacato abierto.
El proceso judicial continuará por dos frentes: por un lado, la discusión de fondo sobre si la expropiación de YPF en 2012 violó el estatuto societario al no ofrecerle al Grupo Petersen la misma propuesta que a Repsol; y por otro, la discusión técnica sobre el cálculo económico de la compensación. En ambos puntos, el Gobierno espera tener margen para revertir o al menos atenuar el fallo.
Fuentes cercanas al caso explican que el proceso de apelación debería activarse "en cualquier momento" y que el equipo legal argentino insistirá en que la jueza Preska excedió su jurisdicción. También señalarán que la sentencia representa una cuestión de "gravedad institucional", con impacto directo en los intereses soberanos del país.
Por ahora, el Gobierno concentra su energía en evitar la ejecución inmediata. La posibilidad de iniciar negociaciones con Burford queda descartada hasta que las instancias judiciales superiores se expresen. En ese sentido, aseguran que los próximos meses serán clave para redefinir los términos del conflicto y el eventual costo económico para el país.
