Desde la AFA desmiente las acusaciones y lanzan: "La única verdad es la realidad"
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que respondió formalmente a la intimación cursada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y presentó los descargos correspondientes a los ejercicios contables comprendidos entre 2017 y 2023, al tiempo que rechazó de forma contundente las acusaciones de irregularidades. La entidad difundió un extenso comunicado con el objetivo de llevar claridad a sus asociaciones afiliadas y a la opinión pública, frente a las reiteradas declaraciones del inspector general Daniel Roque Vítolo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
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En primer término, la AFA desmintió que el cambio de jurisdicción haya sido ilegal o realizado de manera encubierta. Según precisó, la decisión fue aprobada en una asamblea formal, fiscalizada por veedores de la propia IGJ y posteriormente certificada por ese organismo, que incluso emitió en noviembre de 2024 el certificado de vigencia necesario para concretar la inscripción en la Provincia de Buenos Aires.
El comunicado agrega que, una vez iniciado el trámite, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense aprobó e inscribió la modificación, notificando de manera formal a la IGJ, lo que -según la entidad- demuestra la legalidad y transparencia del procedimiento.
En relación con los balances, la AFA sostuvo que todos los estados contables entre 2017 y 2024 fueron presentados en tiempo y forma. Aclaró que solo una observación, correspondiente al ejercicio 2017, fue debidamente notificada y respondida conforme a la normativa vigente, mientras que el resto de las supuestas observaciones mencionadas públicamente nunca fueron notificadas de manera formal.
Asimismo, la asociación denunció demoras de hasta tres años en el análisis de los expedientes, la existencia de irregularidades formales y archivos administrativos realizados sin fundamento jurídico.
Por último, la AFA remarcó que durante ese mismo período solicitó y obtuvo en reiteradas oportunidades certificados de vigencia emitidos por la propia IGJ, en los que el organismo dejó constancia expresa de que la entidad se encontraba al día con la presentación de balances y con la documentación posterior a las asambleas, lo que -según sostuvo- contradice las acusaciones formuladas en su contra.
