Denuncian a Patricia Bullrich, su hijo por presunto lavado de dinero y evasión fiscal
El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal en la que acusa a la senadora Patricia Bullrich, a su hijo Francisco Langeri Bullrich y al fundador de Tostado Café, Fernando Goijman, por presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de dinero y asociación ilícita.
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La presentación judicial solicita que se investigue un supuesto entramado societario destinado a ocultar el origen de fondos vinculados a la cadena gastronómica, que cuenta con más de 70 locales en el país y en el exterior. La denuncia alcanza a Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman en su carácter de socios de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., e incluye también a Patricia Bullrich.
Según Dalbón, Langeri Bullrich aparece relacionado con una red de bares y locales cuya expansión económica "no encuentra una explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial ni financiamiento bancario verificable". En ese sentido, sostiene que "dicha expansión empresarial se habría producido en un lapso relativamente breve, alcanzando un valor económico de millones de dólares, sin que existan antecedentes públicos que expliquen razonablemente ese crecimiento".
Bullrich, investigada.
El escrito se apoya en investigaciones periodísticas que alertan sobre la multiplicidad de sociedades comerciales, algunas con domicilios coincidentes o vinculados a inmuebles asociados a Patricia Bullrich. Se menciona en particular una propiedad ubicada en Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, considerada de relevancia patrimonial y fiscal.
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"El entramado societario se encontraría fragmentado en diversas firmas, lo cual podría responder a una estrategia deliberada de atomización destinada a dificultar el control fiscal, contable y patrimonial", señala la denuncia. Dalbón también advierte sobre cheques rechazados por falta de fondos, una situación que "contrasta marcadamente con la supuesta envergadura económica del grupo empresario".
Respecto del rol de la senadora, el escrito aclara que el vínculo familiar "no implica por sí solo reproche penal alguno", pero remarca que su posición institucional obliga a extremar los controles para descartar conflictos de intereses o favorecimientos indebidos.
Entre las medidas de prueba solicitadas figuran allanamientos, secuestro de documentación, informes a la UIF, IGJ y organismos fiscales, y la citación a indagatoria de los denunciados. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo y la fiscal Alejandra Mángano.
